El jueves 8 de mayo, cuando todo el mundo esperaba un pronunciamiento de la MUD condenando la represión y exigiendo la liberación inmediata de los estudiantes detenidos, lo que conocimos fue el rumor de que la misma “pidió que Estados Unidos no sancionase a ningún funcionario culpable de violación de DDHH porque afecta el diálogo”. La indignación general no se hizo esperar, pero la respuesta fue otro rumor: “es una olla de los mayameros”.
Así las cosas, la reseña del diario El Universal pasó del rumor a la información concreta: “El Gobierno de Estados Unidos considera prematuro aplicar sanciones a Venezuela por la violación de los derechos humanos. Al comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, alegó que algunos miembros de la oposición venezolana “nos han pedido no trabajar en ellas (en las sanciones) en este momento”.
La nota de prensa debilitó la tesis de la “olla” y provocó una “aclaratoria” de Ramón Guillermo Aveledo que ha puesto el caldo morado:
“La Mesa de la Unidad -dice Aveledo- no cree que los ciudadanos deban pagar los fracasos y culpas del Gobierno y sufrir consecuencias perjudiciales en sus vidas, adicionales a las ya gravosas que les ocasionan las malas decisiones de las autoridades, por lo tanto ha sido consistente en su rechazo a medidas que perjudiquen al pueblo, como sanciones o embargos a toda una nación. Es nuestra posición, pública y abierta.”
¿Quién habló de “sanciones” o “embargos” para Venezuela, amigo mío? Ese argumento se parece mucho al de Maduro. Desde hace meses, está claro que los senadores Rubio y Menéndez o la Jacobson siempre han hablado de “sanciones” a los corruptos y violadores de DDHH en Venezuela.
A Ramón Guillermo hay que recordarle el viejo refrán: “No expliques porque enredas”. Debes ser claro y tajante: ¡Los corruptos y asesinos deben ser castigados!