Los últimos días, personalidades, líderes políticos, líderes juveniles y miembros de ONG’S hemos sido nombrados tanto por el Ministro de Interior, Justicia y Paz como por el presidente de la Asamblea Nacional, a unos como parte de un supuesto plan para desestabilizar el gobierno, a otros de recibir financiamiento del extranjero para el mismo plan, y otras ramificaciones tejidas desde hace algunos años para conformar una lista de venezolanos “marcados y en la mira. La pasada semana fue detenido y presentado en Tribunales, Rodrigo Diamanti, director de “Un mundo sin Mordaza”, organización reconocida mundialmente por su recto y transparente proceder. Estas declaraciones además dieron pie al desmantelamiento forzoso de los campamentos que estudiantes mantenían en algunas plazas de Caracas, siendo detenidos y presentados 243 muchachos en tribunales.
Fue la audiencia más concurrida de la historia en nuestro país. 11 jóvenes quedaron privados de libertad, y han engrosado la ya abultada lista que lleva el Foro Penal Venezolano. 172 nuevos presos políticos. También han continuado las denuncias sobre maltrato y torturas, tanto que han sido documentados un total de 160 casos, el doble que hace un mes. Cuando hablo de documentar, me refiero a casos que han sido debidamente denunciados en fiscalía y tribunales, con sus respectivos exámenes médico forenses, y las fotos y vídeos testimoniales de las víctimas.
Al cierre de este artículo, han ocurrido más de 1040 detenciones a partir del inicio del “diálogo”entre el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática duplicando el número de detenidos. Los ocho jóvenes que fueron privados de libertad, con el desmantelamiento del campamento que tenían frente al PNUD en Caracas, fueron imputados por “porte ilícito de arma de fuego, agavillamiento, incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescente para delinquir, obstrucción a la vía pública en grado de tentativa, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detentación de sustancias incendiarias”. A pesar de la represión, los muchachos han continuado protestando, protesta legítima que exige la liberación de sus compañeros y que se haga justicia en los casos de los maltratos, torturas y asesinatos.
Ante ese panorama, se presenta entonces “la lista” de supuestos conspiradores y financistas. Lista que ha servido para tratar de intimidar a quienes han estado al frente de la defensa de la democracia, los derechos humanos, la justicia y la libertad. Algunos se han visto sorprendidos, otros saben que esto puede pasar y otros ya hemos sido víctimas de señalamientos este tipo. Y quiero referirme de forma corta y sin atajos a este tema, porque considero importante que mis lectores comprendan porqué la labor de quienes defendemos los derechos humanos puede ser considerada peligrosa para los gobiernos. Como abogado principal integrante del Foro Penal Venezolano, organización formada por más de 200 abogados y más de mil activistas y colaboradores entre abogados y miembros de la sociedad civil, he sido testigo de la violencia con encono desatada sobre los manifestantes durante los últimos tres meses.
Nuestra organización ha recabado y documentado denuncias de violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida, torturas y tratos crueles y ha acudido a instancias nacionales e internacionales, ha asistido a presos y perseguidos políticos, ha asistido a jóvenes en distintas manifestaciones y protestas pacificas, en el pleno ejercicio de sus derechos y los abogados que conforman la directiva del Foro, han asistido legalmente casos emblemáticos como las víctimas del 11 de abril del 2002, el caso del General Francisco Uson, , el caso del Tcnel Humberto Quintero Aguilar, el de los detenidos en las protestas por el cierre de RCTV, el caso de Otto Gebauer, el caso de Nixon Moreno, Franklin Brito, Julio Rivas entre otros. Es decir, todo aquel que ha acudido a nosotros porque ha sido vulnerado en sus derechos, tanto por el gobierno del fallecido Hugo Chávez como por el actual, ha recibido nuestra asesoría y asistencia. Esto evidentemente conlleva a denunciar a los violadores de derechos humanos, cosa que molesta a los gobiernos no democráticos.
El saldo de víctimas de la represión, del abuso del poder y de la maldad que ha habido en las últimas manifestaciones pacíficas, como la ocurrida el miércoles cuando la marcha universitaria fue impedida de llegar a la Fiscalía y se dirigió al PNUD, no ha cesado. No es que en los años de Chavez no hubieran ocurrido, sino que ahora han sido indiscriminadas y casi masivas, sin distinguir edades, género, condición social, física o psicológica. Como defensora de derechos humanos quiero decirles que nunca en los últimos quince años había sentido tanta indignación e impotencia. Las denuncias de torturas y tratos documentados por Foro Penal, las 3062 detenciones en todo el país de las cuales 196 son menores de edad, las 1710 personas con procedimientos penales abiertos y los 172 nuevos presos políticos, han batido todos los récords en nuestra historia republicana. Y lo peor es saber de que son capaces algunos miembros de los organismos de seguridad del Estado que sin piedad, han torturado, maltratado e incluso asesinado a nuestros jóvenes.
Denunciar a voces, con pruebas y exigir justicia y castigo a los culpables, es la tarea que no sólo Foro Penal Venezolano lleva a cabo, sino también, todas las Organizaciones de Derechos Humanos que están en “la lista” como supuestos conspiradores. Ahora, ya saben ustedes queridos lectores, porque nos persiguen. La defensa de los derechos humanos de todos en este periodo oscuro que vive nuestro país, pareciera ser después de la condición de estudiante, la actividad más peligrosa que se puede llevar a cabo. Hoy son Rocío San Miguel, Humberto Prado, Alfredo Romero, Gonzalo Himiob, Enrique ter Horst, Rodrigo Diamanti y mi persona. Mañana, puede ser cualquiera que se atreva a denunciar. Pero esto no debe de extrañar a nadie. ¿Que se puede esperar de un gobierno que todavía mantiene a Iván Simonovis entre rejas y encarcela a Leopoldo López, por denunciar con inteligencia y valentía estos quince años de incapacidad para gobernar?