España inicia este martes el trámite para proclamar a su nuevo rey, Felipe VI, quien tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I, hereda la difícil tarea de devolver la legitimidad a una monarquía cuestionada en la calle por un sector de la población.
Anna Cuenca/AFP
Hecho inédito en la actual democracia española, la abdicación del monarca, de 76 años, anunciada el lunes para gran sorpresa de todo el país, no estaba regulada: la Constitución aprobada en 1978 tras el fin de la dictadura franquista (1939-1975) simplemente recoge la necesidad de hacerlo mediante una ley orgánica que deberá ahora ser aprobada de urgencia.
Iniciando ese proceso, el gobierno del conservador Mariano Rajoy se reunió para elaborar un proyecto de ley que esta misma tarde debía llevar a la cámara baja del parlamento, donde tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta antes de pasar el mismo trámite en el Senado. Podrían pasar así dos semanas antes de que el heredero de la corona, de 46 años, jure como rey Felipe VI.
Mientras tanto, padre e hijo siguieron adelante con sus agendas oficiales y, escrutados por las cámaras hasta el mínimo gesto, ofreciendo su primera imagen juntos desde el anuncio de la abdicación, con ocasión de una ceremonia de condecoraciones militares.
“Nunca os habíais interesado por mí tanto como hoy”, había bromeado el monarca con los periodistas que acudieron la víspera a su primer acto oficial tras el discurso en que explicó su decisión al país.
Sin embargo, tras esta apariencia de normalidad la monarquía se enfrenta ahora a un difícil desafío: Felipe llega al trono de un país asfixiado por la crisis económica, donde crecen las tensiones políticas con independentistas catalanes y vascos y cuya ciudadanía, indignada por los múltiples escándalos de corrupción, pierde confianza en las instituciones al tiempo que aumentan los partidarios de un retorno a la república.
– ¿Monarquía o república? –
“No más reyes, referéndum”, “Los Borbones, a las elecciones”: enarbolando la bandera roja, oro y violeta de la Segunda República (1931-1939), miles de personas salieron el lunes por la noche a las calles de todo el país para pedir que España decida por consulta popular el futuro de la monarquía.
“Más que la legitimidad del rey lo que no entiendo es la legitimidad del príncipe. Es hijo de su padre y punto. Él no tiene ninguna legitimidad. El rey tenía legitimidad por lo menos por la transición” democrática que lideró tras el fin de la dictadura, opinaba Daniel Martín, de 25 años, estudiante de sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
En un país donde el apoyo a la Corona fue históricamente volátil, los más jóvenes no vivieron la época de la transición tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, que convirtió a Juan Carlos en un héroe de la democracia legitimándolo como jefe de Estado. Y sí en cambio los recientes escándalos que empañaron la imagen del rey y hundieron la legitimidad de la monarquía.
Felipe y su esposa, la experiodista de televisión Letizia Ortiz, lograron mantenerse al margen de escándalos como la investigación por presunta corrupción que pesa sobre la hija menor del rey, la infanta Cristina, de 48 años, y sobre todo, su esposo Iñaki Urdangarin. Y se esfuerzan por mostrar un sencillo estilo de vida que contrasta con el lujoso viaje del rey para cazar elefantes en Botsuana que en 2012 indignó a una España sumida en la crisis.
Sin embargo, y aunque su popularidad creció mientras caía la de su padre, tiene todavía que legitimizarse como rey, señalan los analistas.
“Es un momento difícil para le príncipe, pero desde que nació y hasta hoy ha tenido la mejor preparación, y lo está demostrando en su día a día, para liderar este momento con total normalidad en España”, consideraba Fermín Urbiola, autor de varios libros sobre el rey, acerca del que todos consideran como el heredero al trono mejor formado de la historia.
“La monarquía tiene un apoyo muy mayoritario en España”, consideró el martes Rajoy en un foro económico en Madrid, subrayando que quien quiera volver a la república debe utilizar “los instrumentos establecidos en la legislación” para reformar la Constitución.