El Estado tiene ahora otra deuda con el país. Tiene que probar que Leopoldo López es culpable. Lo acusaron de varios crímenes. Se entregó. Se puso a derecho. El derecho lo protege, debe ser juzgado en libertad: es inocente hasta que quienes le acusan puedan demostrar que es culpable. Y eso no ha sucedido. Nadie debe demostrar su inocencia. Eso manda la Ley. El Estado decidió saltarse la Ley, lo dejaron preso sin haber sido condenado. Antes lo inhabilitaron sin haber sido enjuiciado.
Muchos de quienes gobiernan fueron víctimas de persecuciones, luchaban por lo que creían, algunos se alzaron en armas. A no pocos se les violaron sus derechos. Hubo hasta torturas y asesinatos. Ahora es lamentable ver inquiridos devenidos en inquisidores. Perseguidos en persecutores. Victimas en victimarios.
López ha sido tratado como criminal, castigado por opinar, en situación de aislamiento. A su propia familia le ha sido negada su visita en múltiples oportunidades. Sus amigos han sido impedidos de verlo. Lo mismo pasa con sus compañeros de partido.
Y Leopoldo López no se ha alzado en armas. Ni ha convocado acciones violentas. El Estado tiene el derecho y el deber de enjuiciarlo si lo considera culpable. Pero tiene que demostrarlo en un juicio justo, imparcial, transparente y público, no como esa audiencia que lo mantuvo privado de libertad y luz verde al juicio, a la que no pudo entrar ni su familia.
Los delitos de opinión solo existen en dictadura. Y este es un gobierno electo por voluntad popular. Entonces su deber es demostrar esa culpabilidad, insisto, con pruebas diferentes a las opiniones de Leopoldo; y claro está recabadas cumpliendo con la Ley, en juicio público para que sea creíble, y por jueces autónomos con base en criterios jurídicos y no políticos. Y mientras tanto debe estar en libertad. Actuar en contrario es desdecir la voluntad del pueblo, que mediante su voto ha ratificado su deseo de vivir en democracia; lo cual supone cumplir con la Ley, empezando por el Estado.
No comparto ningún camino diferente al electoral para sustituir un gobierno. Aún cuando el ecosistema electoral venezolano deba ser recompuesto para hacerlo realmente democrático; impidiendo la monstruosidad que hemos tenido con un candidato como Henrique Capriles Radonsky que compitió contra todo un Estado que cuenta, entre muchos recursos usados con ventaja y en contravención de lo legal y de lo justo, con un sistema de medios públicos devenido en herramienta de propaganda del partido oficial.
Cualquier otro camino diferente al electoral es ilegitimo. Aún cuando un gobierno tenga la popularidad en el piso, porque popularidad y legitimidad no es lo mismo. Las popularidades van y vienen. La legitimidad es derivada de la aplicación de la Constitución tanto en la génesis del poder como en el ejercicio del mismo.
Todos los caminos planteados públicamente por López: renuncia, reforma, asamblea constituyente, terminan siempre en una elección. No los comparto porque el primero es voluntario y el resto tienen fines diferentes y más trascendentes que cambiar un gobierno, por muy desastroso que le parezca a quienes los promueven. Se podrían considerar equivocados. Pero no son un delito.
Está preso por opositor.
Vicente Díaz
@vicentediaz