A través de un comunicado la Mesa de la Unidad Democrática rechazó el uso de la señal del canal Venezolana de Televisión para la transmisión de actos internos del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Asimismo, aseguraron que esto “vulnera el equilibrio informativo y la neutralidad partidista que los medios oficiales deberían observar”.
Comunicado
Vemos con preocupación que durante el mes de junio de 2014 se ha acentuado en Venezolana de Televisión (VTV) la indebida tendencia a transmitir, casi en su totalidad, actos proselitistas o encuentros del PSUV, poniendo los recursos del Estado al servicio de una parcialidad política, en abierta violación de la Constitución y leyes de la República. Muchos de estos encuentros, sostenidos principalmente con las UBCH (Unidades de Batalla Bolívar-Chávez), han sido difundidos como actos preparatorios del III Congreso del PSUV, y han contado con una amplísima y continua cobertura, lo cual no se corresponde con el perfil que VTV debería asumir como televisión estatal y, por lo tanto, de servicio público (art. 108 de la Constitución).
En otras circunstancias o sin el evidente ventajismo, estos encuentros podrían ser reflejados noticiosamente como parte de una información, pero no como manifestación del uso indebido de la plataforma o de la hegemonía comunicacional del gobierno a favor del PSUV.
Convertir a VTV y a otros medios de comunicación social públicos en la caja de resonancia de los debates internos del PSUV, o en factor movilizador o legitimador con miras al mencionado Congreso de este partido, supone vulnerar el equilibrio informativo y la neutralidad partidista que los medios oficiales deberían observar. Además, ello compromete la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno, comenzando por el propio Nicolás Maduro, que han escondido estas políticas comunicacionales (art. 13 de la Ley contra la Corrupción). Esto acarrea además, consecuencias penales y administrativas diversas, pues tanto la Ley contra la Corrupción (art. 54) como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (art. 91), sancionan el uso de recursos o medios públicos con fines proselitistas, que obviamente se apartan de la finalidad pública jurídicamente establecida.
Por eso exigimos el cese inmediato de esta práctica viciada que ya en el pasado reciente se ha exacerbado en periodos electorales o preelectorales, o cuando interesa a la dinámica interna del PSUV, como ocurre en esta ocasión. Requerimos también del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República el inicio de las investigaciones correspondientes.
Nota de prensa