En días recientes el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que los militares tienen derecho a participar en manifestaciones políticas partidistas, lo cual no comportaría un menoscabo a su profesionalidad y sería “un acto progresivo de consolidación de la unión cívico-militar”. Esta violación flagrante a la Carta Magna (artículos 328 y 330) podría interpretarse como una concesión adicional al sector militar que vendría a convalidar una conducta reiterada en los años que corren y a reafirmar la convicción de que hay un poder castrense determinante detrás del trono.
Con unos tribunales de rodillas frente al poder, difícilmente se podría lograr una decisión diferente a la mencionada.
Hugo Chávez, antes de arribar al poder, formó parte de una logia militar de inspiración militarista, de ideología política confusa, una mezcla de nacionalismo exacerbado, antiimperialismo e intervencionismo estatal en lo económico. Como se sabe, esta orientación primigenia difusa fue mudando hacia una posición ideológica, al menos en lo discursivo, de izquierda, socialista, radical, incluso, marxista.
La naturaleza militarista del gobierno de Chávez comenzó a evidenciarse, sobre todo, a partir de los sucesos políticos de los años 2001 y 2002. Sin embargo, el componente civil se mantuvo predominante hasta su fallecimiento. Chávez solía decir que en torno a la revolución bolivariana se había conformado una “unión cívico-militar”, pero el peso del componente militar siempre fue notorio.
Chávez fue una suerte de árbitro entre grupos políticos civiles diversos y contrastantes, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, y entre sectores militares tradicionales y emergentes.
Como dice Diego Bautista Urbaneja, era “un gran croupier que repartía el juego”, y ciertamente, él era el jefe que los amalgamaba, la autoridad no contestada. Al desaparecer Chávez físicamente, afloran las facciones que convivían en un conjunto muy heterogéneo. Así, la de origen militar cobra mayor relevancia y poder institucional, reservando para sí, determinantes palancas del aparato estatal, lo cual ha generado los enfrentamientos recientes con grupos civiles que se ven desplazados. El chavismo estuvo siempre dividido y sigue dividido.
Los Ministerios con competencias en Relaciones Interiores, Finanzas y Economía, Banca Pública, Transporte, Defensa, Alimentos y Energía Eléctrica están siendo gestionados por militares activos o retirados que participaron en los golpes de Estado de 1992. Son gobernadores en 10 Estados (de un total de 23), presiden la Asamblea Nacional. En los distintos ministerios y empresas estatales, los militares tienen a su cargo importantes funciones. La más grande empresa de producción de acero (SIDOR) la preside un general activo y están en muchas otras. Incluso, se han creado empresas, desde el Estado, cuyo propósito es el de insertar a los militares en sectores económicos. Se ha creado un banco (BANFANB), un Fondo de Inversión (Misión Negro Primero), una empresa agrícola (AGROFANB), otra de construcciones y explotación de canteras (CARCOFANB y CONSTRUFANB), una de transportes (EMILTRA), la Empresa del Sistema de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional, y una televisora (TVFANB).
En un reportaje de Diciembre de 2013, se informaba que desde 1999, 1.114 oficiales militares activos o retirados, de distintos rangos han ocupado cargos gubernamentales en todos los niveles de la administración pública nacional, provincial y municipal. Y esta realidad se ha ido expandiendo.
La creación por parte de Nicolás Maduro del “Comando Político Militar” con participación del Alto Mando Militar, la conformación del “Estado Mayor Cívico-Militar Fronterizo” y de las llamadas “Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), que tienen competencias y atribuciones tan generales como inquietantes, y que en la práctica se han venido colocando por encima de los gobernadores electos democráticamente, son evidencias concluyentes de que en el aparato estatal venezolano, el poder institucional está crecientemente en manos de militares o es mediatizado por éstos.
Algunos analistas afirman que los militares se han erigido en un partido político en Venezuela. Los que comparten la idea de que el pretorianismo ha estado larvado siempre en nuestro país, señalan que en la actualidad ha cobrado mayor preeminencia, y que sólo quedaría determinar en qué grado está, o si aun puede hablarse de la existencia de un poder tutelar militar sobre lo civil, si es meramente arbitral o si ya se asoma como un pretorianismo gobernante.
De todo lo señalado, queda en claro que la influencia de los sectores militares en la marcha de los asuntos políticos se ha incrementado, y que la estabilidad y permanencia de Nicolás Maduro depende, en no poca medida, del sector castrense para mantenerse en el poder; de allí que haya tenido que concederle parcelas institucionales decisivas, al no disponer de un liderazgo incuestionable ni civil ni militar, a diferencia del que tuvo Chávez.
Este cuadro político-institucional deja a las claras que en Venezuela se está imponiendo paulatinamente un gobierno tras bastidores, representado por una camarilla militar que asume no sólo funciones cruciales de gobierno sino también responsabilidades en algunos sectores de la economía nacional, incluso más allá de las empresas que se han constituido desde el poder público.
EMILIO NOUEL V.