El gobierno español aprobó este viernes un controvertido proyecto de ley de seguridad ciudadana que prevé nuevas multas por celebrar manifestaciones no autorizadas, lo que ha provocado el rechazo de diversos colectivos.
Tras las advertencias de las autoridades judiciales españolas, el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy suavizó el texto inicial, pero mantuvo duras sanciones para las manifestaciones no autorizadas si se considera que hay un riesgo para la seguridad.
Diversas asociaciones críticas con la nueva ley la han tildado de represiva, pero el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, insistió en que la nueva norma “está en condiciones de garantizar más y mejor la seguridad ciudadana al tiempo que lo hace con más seguridad jurídica y garantiza más y mejor (…) los derechos y libertades de los ciudadanos”.
El ministro hizo estas declaraciones en la habitual rueda de prensa tras el consejo de ministros que aprobó el nuevo proyecto de ley, que ahora se enviará al Congreso para su voto, donde el gobernante Partido Popular (PP) cuenta con mayoría absoluta.
El nuevo texto prevé multas de hasta 600.000 euros para manifestaciones no autorizadas en infraestructuras públicas que puedan suponer un peligro para las personas o perturbar servicios públicos.
También se prevén multas de hasta 30.000 euros para concentraciones no autorizadas cerca de los parlamentos nacional o regionales si se considera que suponen un serio riesgo para la seguridad.
Los últimos años de recesión y crisis económica, llevaron a la multiplicación de manifestaciones en España, algunas de las cuales acabaron con serios enfrentamientos entre policías y manifestantes.
La nueva ley también prevé multas de hasta 30.000 euros por obstruir el trabajo de las autoridades, como podría ser el caso cuando manifestantes han intentado impedir las expulsiones de propietarios desahuciados.
El nuevo texto también dobla hasta los 600 euros las multas por escalar edificios públicos o monumentos sin permiso, como a menudo hace la organización de defensa de la naturaleza Greenpeace para hacer visible sus denuncias.
Activistas de esta organización protestaron este viernes contra la nueva ley escalando una torre de 90 metros, cercana al palacio de La Moncloa, residencia oficial del jefe del gobierno español.
Desplegaron una pancarta en la que se podía leer “No a la ley mordaza”.
El gobierno afirmó en un comunicado que la ley solo busca “sancionar las acciones violentas, agresivas o coercitivas” y “protege expresamente el derecho de manifestación”.
No obstante, algunas asociaciones se han mostrado en contra como la organización Jueces para la Democracia que cree que “se trata de una ley innecesaria, que no está justificada por la realidad social”, mientras que Amnistía Internacional y Oxfam expresaron en un comunicado conjunto su “preocupación” por el nuevo texto.
Varias decenas de personas se manifestaron también en la céntrica Plaza de Colón madrileña para protestar contra la aprobación de esta nueva ley.
Con pañuelos y esparadrapos en la boca a modo de mordaza, los manifestantes lucieron pancartas en las que se podía leer “¡Libertad de expresión!” o “Matan la democracia”.
AFP