El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, así como el director general del club catalán, Antoni Rossich, defendieron este martes ante un juez la legalidad del contrato de Neymar, en el marco de la investigación por supuesto fraude fiscal en el fichaje del astro brasileño.
Rosell declaró ante el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) que “los contratos estaban hechos perfectamente”, informó una fuente judicial.
El exmandatario azulgrana reiteró que el fichaje de Neymar costó 57 millones de euros, 17 de los cuales se pagaron al Santos, club de procedencia del delantero brasileño, y 40 a la compañía N&N, propiedad del padre de Neymar.
Rosell dijo que al principio “no se leyó la letra pequeña” de los contratos que se limitó al firmar, pero que al ser imputado por el juez revisó todos los términos de los mismos y que su conclusión fue que “sólo cabe felicitar a la asesoría jurídica” del Barça por lo bien que están hechos, según las mismas fuentes.
Tras la declaración de Rosell, el juez interrogó al director general del Barça, Antoni Rossich, como representante legal de la entidad.
“En su declaración ante el juez Pablo Ruz, coincidió con la declaración anterior del expresidente Rosell en la correcta articulación contractual y en la inexistencia de motivaciones fiscales, negando todo artificio o simulación contractual”, informó el Barcelona en un comunicado.
El expresidente del club azulgrana había sido citado como imputado después que el juez Ruz recibiera un informe del fisco español, según el cual las sumas “no percibidas” por el Tesoro Público, vinculadas a contratos relacionados con el fichaje de Neymar Da Silva, fueron de 2,4 millones en el ejercicio de 2011 y de 6,7 millones en el de 2013, o sea más de nueve millones de euros que no tributaron.
El traspaso de Neymar, que firmó con el Barça por cinco temporadas en mayo de 2013, provocó una demanda de un socio del club contra Rosell por “apropiación indebida”, lo que generó escándalo y la posterior dimisión de Rosell, el 23 de enero.
Unos días antes, la fiscalía había pedido la imputación del Barça por delito fiscal al sospechar que algunos contratos “no responden a la realidad de las operaciones económicas que se mencionan en ellos” y que “no consta que se hayan retenido ni abonado las correspondientes deudas tributarias” por los mismos.
Tras la salida de Rosell, la nueva dirección del club, encabezada por el que era su mano derecha, Josep Maria Bartomeu, reveló los detalles de la operación, cuyo preció aumentó de 57,1 millones a 86,2 millones, al sumar una serie de operaciones por conceptos varios firmadas en paralelo.
El 24 de febrero, el Barcelona anunció el pago de 13,5 millones de euros a la Hacienda pública española en concepto de “regularización voluntaria” con el fin de dar “cobertura a las eventuales interpretaciones que se puedan dar a todos los contratos firmados con motivo del fichaje del jugador Neymar, aunque estamos convencidos de la licitud del inicial cumplimiento de las obligaciones fiscales”.