El Gobierno de Venezuela acusó hoy a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de volver a “exponer” a este en el exterior tratando de arrojar una “duda” alrededor del asesinato del periodista Álvaro Cañizález, por motivos que, dijo, no tienen nada que ver con el ejercicio de la profesión.
“La SIP, en su afán de exponer a la Revolución Bolivariana en el exterior se apresura a manifestarse, a arrojar una duda sobre tal circunstancia, práctica natural de los diarios que agrupa”, indicó el Gobierno venezolano en un comunicado.
La Sociedad Interamericana “ha vuelto a demostrar su papel de instrumento de los diarios de derecha del continente para atacar a los países cuyos pueblos han tomado el camino de la emancipación política. Cualquier circunstancia les sirve para embestir. Hoy nuevamente ataca a Venezuela”, dijo.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Claudio Paolillo, condenó el asesinato la semana pasada de Cañizález, director regional de la Oficina de Comunicación de un plan gubernamental contra la inseguridad nacional, y pidió “una investigación exhaustiva para identificar los motivos del crimen y aplicar la justicia para castigar a los culpables”.
El Gobierno venezolano replicó que la SIP hizo su solicitud “a sabiendas, como lo sabe todo el país, de que el asesinato de Álvaro Cañizález no tiene ninguna relación con el ejercicio del periodismo o de función alguna como funcionario del Estado venezolano”.
Por otra parte la SIP denunció la “censura oficial en un país cada vez más silencioso, donde el Gobierno ha ido cerrando los espacios para expresarse mediante disposiciones legales que hábilmente creó con ese fin”, tras la suspensión de un programa de radio de la periodista Nitu Pérez Osuna, crítica al Gobierno.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció el viernes la suspensión del programa de radio al señalar que en una muestra “tomada entre febrero y agosto” del espacio se escuchan expresiones de Pérez calificando “reiteradamente como ‘asesino, delincuente, dictador y narcotraficante'” al presidente, Nicolás Maduro, y describe al Estado como “narcoestado”.
El Gobierno señala que “la SIP, como siempre, pretende desconocer las leyes venezolanas” en lo que se refiere a la emisión de “mensajes que inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones políticas, fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público o desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas”.
Pérez Osuna señaló en Twitter tras la decisión de Conatel: “No es sólo mi voz la q silencian, es la de miles de ciudadanos q tenían un espacio para drenar su inconformidad. Nos encontraremos de nuevo”.
“Al régimen: Mi derecho al trabajo no me lo quita nadie. Les anuncio que trabajaré más que nunca…por Venezuela”, añadió. EFE