El Tiempo de Colombia publica este lunes un reportaje sobre la paralización de las remesas que enviaban los ciudadanos colombianos a sus familiares en el vecino país.
“Mi padre está muy enfermo, y todos los meses le daba una ayudita con la remesa. Ya desde acá no se puede, y si uno por lo menos pudiera conseguir aquí las medicinas y mandárselas, uno se aliviaría un poco; pero ahora ni eso”, se queja Edilsa Veleño, una cartagenera con 25 años en Venezuela y parte de los más de 200.000 colombianos que hasta hace siete meses enviaban dinero a sus familias en Colombia.
Ella transitaba los caminos del rígido control de cambio establecido en Venezuela desde hace once años para el envío de remesas a familiares –a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas, antiguo Cadivi, hoy Cencoex– y que el gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió hasta nuevo aviso el 10 de febrero de este año.
Entonces, la explicación oficial fue la detección de casos de extranjeros que lograron corromper el sistema y enviar dólares a personas que no eran sus familiares fuera de las fronteras para aprovechar el precio oficial de la moneda extranjera, hasta ocho veces por debajo del ‘dólar negro’.
Pero ni entonces ni ahora Caracas ha informado cuántos casos o en qué porcentaje fue ese fraude, y aunque en principio la suspensión del envío de remesas afectó a todas las nacionalidades, hoy este solo está paralizado para los colombianos, la mayor colonia extranjera en Venezuela. “Antes de Cadivi yo mandaba por Western Union sin problema”, sigue Veleño. “Lamentablemente, aquí estamos pagando justos por pecadores”.
Emit Otero, trabajador de la construcción que lleva 30 años viviendo en Catia –una de las zonas donde viven más colombianos en la capital venezolana–, también sufre la angustia de no poder ayudar a su gente.
“Yo tenía mi cupo de Cadivi y les mandaba aunque sea algo, sobre todo a mi mamá, que contaba con esa platica mensual. Ahora mi mamá está pasando necesidad”.
Sin la posibilidad de enviar remesas en dólares y con el bolívar devaluado en relación al peso (1 peso equivale a 0,003 bolívares venezolanos), para los colombianos residentes en Venezuela el envío de bolívares con algún familiar o amigos tampoco resuelve el problema.
“Mis hermanos, que también viven en Caracas, y yo hemos hecho el sacrificio de reunir los bolívares que más podemos para mandarle a mi mamá como hacíamos antes por encomienda. En estos meses solo le hemos mandado dos veces porque tampoco tenemos para cubrir nuestros gastos acá”, asegura Otero.
El embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez, aseguró que el congelamiento del envío de remesas está afectando al menos a tres millones de colombianos, especialmente a quienes reciben.
La familia de Darío Castillo, de Santa Lucía (Atlántico ), es otro ejemplo. “Yo le pagaba el estudio a mi hijo, que vive con su tía; pero desde que se pararon las remesas, él la ayuda en el restaurante que ella tiene, y ella le da algo para los estudios, para los buses. Ahora solo le puedo mandar a mi mamá, que está recién operada. Le mando algunos bolívares para que los cambie allá, unos 100.000 pesos mensuales, pero si hago la encomienda por la frontera pierdo y solo le llegan 90.000. Tengo a mi gente sobreviviendo allá”.
La última vez que el Gobierno venezolano tocó el tema de las remesas fue en marzo, cuando anunció que estudiaba reanudar el envío de remesas a familiares, pero directamente en pesos colombianos a un tipo de cambio específico. Ese mes y el siguiente, las autoridades venezolanas sostuvieron cinco reuniones con la misión diplomática colombiana acreditada en el país, pero estas se suspendieron en abril sin llegar a conclusión alguna.
El tema también fue tocado en la cumbre entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro celebrada en agosto en Cartagena, y aunque una pronta resolución del tema estaba entre los compromisos adquiridos, Venezuela no da señales sobre cómo lo hará.
Gobierno baja tensión a la polémica
En febrero, el vicepresidente Jorge Arreaza dijo que el tema “no es de mucho esperar”, pero, con siete meses sin poder enviar remesas, la comunidad colombiana comienza a exasperarse.
Grupos organizados de colombianos residentes no paran de enviar cartas para la Embajada y el Consulado en Caracas con el fin de presionar a las autoridades venezolanas.
Hasta febrero, el Gobierno venezolano había decidido bajar el cupo de 900 a 500 dólares, con lo que el máximo de entrega eran 166 dólares por familiar registrado, máximo tres por cada residente, dejando por fuera de la lista a sobrinos y concubinos.
Otros cabos sueltos entre los dos países
Además del tema de las remesas Bogotá-Caracas, la agenda económica la tienen atrasada otros temas, algunos con años de tratamiento en las reuniones binacionales de alto nivel pero que han quedado sin solucionar.
Entre estos se destaca la deuda que todavía tiene Venezuela con empresas colombianas a las que no se les autorizó la repatriación de sus ganancias en dólares, y que empezó en el año 2008 con un monto de 800 millones de dólares, de los cuales todavía faltan por pagar 180 millones.
Como en el caso de las remesas, Venezuela adujo en su momento que en Colombia se crearon decenas de empresas “de maletín” que se aprovecharon de los dólares a precio “oficial” que ofrece el Gobierno venezolano, gerente del control de cambio que rige en el país desde el año 2003.
Durante estos años, ambos gobiernos han aclarado cuántas compras fueron fraudulentas y cuántas no, y sobre esa base se han hecho las erogaciones.
El otro tema sobre la mesa es el contrabando de extracción hacia Colombia, que el Gobierno venezolano asegura saca de su territorio hasta el 40 por ciento de productos básicos, cuyo precio regulado en Venezuela lo hace sumamente atractivo pues está hasta quince veces por debajo del precio internacional.
Para detener el flujo de contrabando, Venezuela estableció unilateralmente el cierre de la frontera binacional durante las noches, todavía vigente y que Caracas estudia prolongar el resto del año como parte de su ofensiva contra lo que ha llamado la “guerra económica”.
Esta se supone que es la causa de la crisis económica que vive Venezuela, azotada por una alta inflación (el acumulado de un año hasta mayo era de 63 por ciento) y un índice de escasez del 30 por ciento.
Ello también ha incidido en la balanza comercial binacional, que en el primer semestre de este año se ha reducido 21 por ciento en comparación con el primer semestre de 2013 (según datos de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana), con un intercambio de 1.904 millones de dólares.
En lucha contra contrabando no hay ‘intocables’, dice Caracas
El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo que en la batalla contra el contrabando que desarrolla el gobierno será apresado todo aquel que esté involucrado, aunque se trate de un ministro o de quien esté frente a una cámara empresarial pues no hay “intocables”.
“Aquí no hay intocables, sea quien sea, desde el empresario que esté al frente de una asociación de cámaras empresariales hasta un ministro, un gobernador, un alcalde, quien sea que esté involucrado y esté apadrinando o encubriendo el fenómeno del contrabando debe ser puesto a la orden de la justicia”, dijo.
Desde el pasado 10 de agosto, en otra de las medidas contra la “guerra económica” que denuncia el gobierno y en la que también están comprometidas las remesas, el gobierno venezolano implementó el cierre nocturno de la frontera para combatir el contrabando.
Otra estrategia fue la de implementar el sistema biométrico o “captahuellas” para regular el consumo de los venezolanos y evitar el acaparamiento y la especulación con los precios.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas.
* Con Efe y Redacción Internacional