Las principales candidatas a la presidencia de Brasil quieren financiar sus campañas con dinero público para reducir su dependencia de donaciones empresariales multimillonarias y protegerse de acusaciones de corrupción.
Chris Wright/AFP
Pero los analistas advierten que la cultura de compra de influencias está demasiado arraigada en Brasil, pese a intentos de ‘limpiar’ el sistema.
La presidenta Dilma Rousseff es la favorita para la primera vuelta de las elecciones el 5 de octubre. Pero los sondeos pronostican un empate técnico con su rival Marina Silva en un eventual balotaje el 26 de octubre.
Y en la batalla por los reales, el bando de Rousseff aventaja al de Silva por cuatro contra uno.
Empresas constructoras como OAS y Andrade Gutierrez, que ganaron varios contratos para la Copa del Mundo, se hallan entre los principales donantes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Estas donaciones dejan a las empresas y a sus favorecidos sujetos a acusaciones de compra de favores, y contribuyen a la pésima imagen que los brasileños tienen de sus políticos.
– Jugosas recompensas –
La recompensa potencial para donantes en la campaña es jugosa: estudios estadounidenses recientes muestran que las ganancias de empresas constructoras son más de ocho veces superiores al dinero que donan.
En un reciente debate televisivo, Rousseff y Silva apoyaron la idea de campañas financiadas con dinero público, aunque las empresas representan 90% de sus donaciones.
Los críticos de Silva señalan que aunque ésta se presenta como la protagonista de una nueva forma de hacer política, goza del apoyo de la heredera del banco Itaú, Maria Alice Setubal.
Rousseff ha acusado a su rival de querer poner los intereses de Brasil en manos de los bancos, pero Silva recuerda que fue Rousseff quien recibió más dinero de Itaú en 2010.
La Corte Suprema impulsa una propuesta que tornaría inconstitucional las donaciones de empresas a campañas electorales.
Pero David Fleischer, profesor de ciencia política de la Universidad de Brasilia, dice que la movida fracasará porque los políticos no apoyarán el desmantelamiento de un sistema que los beneficia.
“Las empresas, especialmente las de construcción, hacen enormes contribuciones para beneficiarse de contratos aún más gordos y costos inflados”, dijo Fleischer a la AFP, y se declaró “no muy optimista” sobre grandes cambios.
Claudio Weber Abramo, director de la ONG Transparencia Brasil, teme que una prohibición de las donaciones privadas traiga consigo más pagos por debajo de la mesa.
“Debe haber cambios. El más importante es limitar las donaciones privadas a un valor fijo”, y no al actual 2% de los ingresos de una compañía, dijo Abramo a la AFP.
El profesor Greg Michener, de la Fundación Getulio Vargas, es escéptico sobre la posibilidad de reformas.
“Ningún legislador quiere reformar algo de lo que se beneficia. El actual sistema es esencialmente bueno para grandes compañías, que pueden donar una inmensa cantidad de dinero”, afirmó.
– Juego sucio –
Las credenciales verdes de Silva -fue presidenciable por el Partido Verde en 2010, y quedó tercera tras conquistar un 20% de los votos- son una inquietud para el poderoso agronegocio, y eso podría afectar la financiación de su campaña.
“Si Marina no quiere entrar en el juego político podría estar en problemas”, estimó Michener. “Dinero, posiciones, influencia… Es un juego sucio”.
Los políticos de partidos más pequeños exigen cambios, y señalan que solo tres empresas han desembolsado el 39% de toda la financiación de la campaña.
El trío es encabezado por JBS, el mayor productor de carne del mundo, y las constructoras OAS y Andrade Gutierrez.
Gil Castello Branco, de la ONG Cuentas Abiertas, dice que el poder económico es quien elige a los políticos en Brasil.
JBS donó 119 millones de reales a la campaña (USD 50 millones), OAS 80 millones y la minera Vale 40 millones.
“Las donaciones han alcanzado los 1.000 millones de reales, de los cuales la mitad es aportada por 19 firmas”, dijo Branco a la AFP.
– Reforma urgente –
El tribunal electoral urgió a una “reforma urgente” de la financiación de las campañas en 2008.
Eduardo Jorge, del Partido Verde, dice que es el único presidenciable que no acepta donaciones de empresas y pide “campañas más racionales que estén más cerca de la gente”.
Jose Maria de Almeida, más conocido como “Zé Maria”, candidato presidencial del pequeño Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), dijo a la AFP que la financiación empresarial debilita la democracia.
“Es una campaña que tiene lugar bajo condiciones muy desiguales. El proceso electoral es muy antidemocrático. Es David contra Goliat”, afirmó.
Grandes empresas donantes contactadas por la AFP no quisieron hacer comentarios. La constructora Odebrecht señala en su código de conducta que “contribuciones electorales, realizadas en el cumplimiento de la ley vigente, pueden fortalecer la democracia”.