De conformidad con lo anunciado por el ministro de Interior y Justicia, mañana lunes se inicia el plan nacional de desarme voluntario. Desde el punto de vista teórico es una iniciativa positiva (aunque de alcance muy limitado), sin embargo, de la forma improvisada como se pretende implementar, seguramente no tendrá ninguna incidencia sobre la realidad delictiva del país.
La experiencia internacional indica que los delincuentes activos no acatan los llamados al desarme voluntario, por lo tanto, no se deben tener falsas expectativas. Sería muy ingenuo pensar que las bandas que actualmente se dedican al secuestro, al robo, al sicariato o a la venta de drogas, van a entregar sus armas de fuego por algún pequeño incentivo gubernamental. Quienes si lo pudieran hacer son algunas personas que, por determinadas circunstancias, se ven en posesión de un arma de fuego que les termina resultando incomoda (por ejemplo, viudas o madres de delincuentes fallecidos). El desarme compulsivo o forzoso de los criminales lo deben efectuar los cuerpos de seguridad del Estado. Por eso, un gobierno que tenga voluntad de avanzar en materia de seguridad ciudadana, debe procurar el fortalecimiento de estos organismos, lo cual no está ocurriendo hoy en el país.
En el diseño de este plan nacional de desarme voluntario ha reinado la improvisación. Hoy son pocos los ciudadanos que conocen la ubicación de los 60 puntos que, a partir de mañana, funcionarán como centros de recepción en 19 estados del país. Tampoco se ha realizado una campaña comunicacional destinada a crear conciencia en la población acerca de la pertinencia de entregar las armas de fuego. Por otra parte, el MIJ no coordinó con los distintos alcaldes y gobernadores del país la ejecución de esta iniciativa.
Casi todos los centros destinados a la recepción de armas de fuego, son instalaciones militares (salvo algunas sedes de la ONA). Esto constituye un error, ya que está comprobado que los ciudadanos sienten temor de entregar un arma (generalmente poseída de forma ilegal) ante un funcionario de seguridad del Estado. En Brasil, donde entre los años 2004 y 2005 se ejecutó un exitoso operativo de entrega voluntaria de armas, los centros de recepción eran básicamente puntos controlados por las ONG’s.
La inutilización del arma que se entrega voluntariamente es un requisito imprescindible para que la ciudadanía pueda tener confianza en este plan. La gente tiene que saber que el arma que recibe el Estado no va a ser posteriormente reciclada. Los artículos 175 y 194 del Reglamento de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, establecen la inmediata inutilización de las armas entregadas. Ojalá que esto se cumpla cabalmente.
El gobierno nacional ha creado un fondo de Bsf 300 millones para el desarme voluntario. Esperemos que no se les ocurra otorgar un incentivo monetario por las armas entregadas, ya que la experiencia internacional indica que muchos delincuentes pudieran desprenderse de armas obsoletas o defectuosas, para recibir el dinero y luego utilizarlo para adquirir otras modernas y de mayor potencia.
Luego de 22 planes contra la inseguridad fracasados, la credibilidad de los que tienen casi 16 años en el poder, es prácticamente nula. Si no han podido desarmar a las bandas criminales que existen en las cárceles, las cuales operan en recintos cerrados, será muy difícil que puedan desarmar a las pandillas delictivas que funcionan en las calles del país.
Las estadísticas señalan que más del 90% de los homicidios, secuestros y robos en el país, se ejecutan por medio de armas de fuego. Un plan de entrega voluntaria, por si solo, no va a cambiar en nada esta realidad. ¿Cuándo el gobierno nacional va a desarmar a los delincuentes?
Twitter: @luisizquiel