La defensoría pública del estado más grande de Brasil presentó una demanda civil por discriminación contra un candidato menor que ya quedó fuera de la contienda presidencial, pero quien acaparó la atención hace una semana por comentarios contra la comunidad gay.
Los abogados defensores de Sao Paulo dijeron el miércoles que la demanda civil busca la reparación de daños morales por “expresiones homofóbicas pronunciadas” por Levy Fidelix, quien obtuvo el apoyo de menos de 1% en las elecciones de primera vuelta del domingo. Sin embargo, el candidato despertó enojo en decenas de miles de personas después de decir en uno de los debates presidenciales que el país debe hacer frente a los gays, y que estos deben buscar ayuda psicológica lejos de la población.
“Hubo una clara manifestación de odio y desprecio a un grupo social determinado, en este caso la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, indicó un comunicado de la defensoría.
La demanda pide que Fidelix y su Partido de la Renovación del Trabajo de Brasil asuman los gastos de la producción de un programa que promueva los derechos de la comunidad gay con el mismo tiempo que duró su intervención en el debate. Los defensores también exigen un pago de unos 412.000 dólares que se destinarían a acciones de promoción de igualdad, además de una multa diaria de más de 200.000 dólares por violación de la orden judicial.
La defensoría dice que el día después del debate el área que se encarga de casos de discriminación y racismo recibió más de 6.800 quejas por el asunto.
“El discurso del candidato excedió claramente los límites de la libertad de expresión para centrarse en un discurso de odio absurdo”, dijo la defensora encargada de la demanda, Vanessa Alves Vieira, en un comunicado. Agregó que el pronunciamiento perpetúa violaciones a los derechos humanos ya que fue dicho en un debate transmitido ampliamente por un canal de televisión.
Fidelix se rehusó a disculparse por sus comentarios en otro debate que ocurrió cuatro días después. Muchos activistas resaltaron el caso de Fidelix como una razón por la que el país tiene que aprobar una ley para criminalizar la discriminación basada en orientación sexual. AP