Las luces de alerta las han encendido los mejores especialistas venezolanos, algunos de los cuales han tenido que marcharse al extranjero. Hasta algunos economistas y gente vinculada con el Gobierno han señalado que la situación es preocupante y que los planes oficiales no han dado los resultados esperados. Alí Rodríguez Araque -hombre cuya lealtad con el proyecto revolucionario es inquebrantable- indicó en unas declaraciones emitidas hace varios meses, que las estatizaciones habían resultado excesivas e innecesarias. Jesús Farías, diputado del PSUV y entusiasta promotor de la intervención estatal, también ha declarado llamando la atención sobre la inconveniencia de seguir por el camino de las confiscaciones. Los diagnósticos de unos y otros, aunque difieren en los enfoques, coinciden en apuntar que la pendiente se ha inclinado demasiado.
Frente a este cuadro, ¿cuál ha sido la respuesta del Gobierno? El Presidente de la República se ha debatido entre introducir los ajustes que corrijan los entuertos o mantener la misma política de cerco a la iniciativa particular, controles y regulaciones desmedidas. En algunas coyunturas parecía que se inclinaría por adoptar posturas pragmáticas alineadas con las políticas de las naciones que han podido crecer fomentando la equidad distributiva a partir del fortalecimiento del sector privado. Chile, Perú, Brasil y Colombia representan algunos ejemplos que deben destacarse. En ellos el auge económico y el fortalecimiento del sector privado ha ido ligado a una distribución cada vez más equitativa entre el capital y el trabajo asalariado y a un comportamiento del Estado que ha permitido mejorar la salud, la educación, la seguridad social, la modernización de las infraestructura, el acceso a la vivienda y a servicios públicos de calidad. El bienestar social ha mejorado. Las expectativas de una vida mejor y más prolongada son más altas. Las clases medias se han ensanchado. La sociedad se parece más a un hexágono que a una pirámide. El Estado se ocupa de lo que tiene que atender porque es su obligación intransferible mientras fomenta un clima que favorece la producción y la productividad.
El caso que usualmente se menciona es el de Chile, que con gobiernos de centro derecha o centro izquierda ha mantenido una estrategia coherente en la que coexisten el Estado y la sociedad. Sin embargo, ya la nación austral no es la excepción sino la norma. Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega, tan cercanos al proyecto ideológico bolivariano, se han plegado al mismo esquema. Desde hace años esos gobernantes no impulsan ninguna invasión, confiscación, toma de empresa o violación de los derechos privados establecidos en la Constitución y las leyes de sus respectivos países. Son regímenes que introdujeron la reelección indefinida y tratan de eternizarse en el poder cometiendo abusos inadmisibles en una democracia, pero son capaces de separar el autoritarismo del fanatismo ideológico.
En Venezuela, la élite gobernante escogió el peor camino. Trata de abrocharse a Miraflores a partir de la destrucción del aparato productivo privado, para reemplazarlo por un modelo estatista en el cual el control es ejercido por un cuerpo de comisarios y burócratas desconectados de la producción y sin la experticia requerida para gerenciar una empresa de forma eficiente.
Los resultados de esta visión dogmática, dictada por los manuales más ortodoxos de la antigua URSS, están a la vista.