La persecución contra la oposición democrática en Venezuela por parte del gobierno autoritario no da tregua.
Ni siquiera porque se está embarrancado aceleradamente en los sondeos de opinión y lleva a cuestas una seria crisis financiera, se detiene en su deriva represiva. Lo que a cualquier gobernante racional llevaría a moderarse, frenarse, reflexionar un poco e incluso a dialogar con sus adversarios políticos, en el caso nuestro, mas bien, se pisa irresponsablemente el acelerador de la crispación política, profundizando los conflictos.
A pesar de ciertos eventos que nos pudieran hacer pensar lo contrario, cada día se reafirma ante el mundo la percepción de la condición despótica de los que mandan en Venezuela, su talante irrespetuoso de la ley, su vocación violenta. Son muy pocos los que siguen defendiéndolo a pie juntillas, y en su mayoría, por conveniencia.
En los círculos políticos globales, en muchos gobiernos, en un sin número de instituciones internacionales públicas y privadas, y en la prensa mundial, no son un secreto las acciones arbitrarias violadoras de los derechos humanos perpetradas por el poder militar-civil en nuestro país.
Mencionar a Venezuela en el exterior, lamentablemente, dispara sentimientos de rechazo, cuando no, de compasión. Los comentarios son, principalmente, negativos acerca de su clima político, de su régimen de gobierno, de su economía derrumbada.
Son harto conocidos los pronunciamientos, las sentencias y recomendaciones de organismos e instancias judiciales condenatorios de la conducta antidemocrática del gobierno venezolano.
A los casos insólitos contra los alcaldes Scarano y Ceballos, y el dirigente político Leopoldo López, se suman ahora los procedimientos judiciales o las amenazas de plantearlos contra Juan Carlos Caldera, Ismael García, Carlos Ocariz y Antonio Ledezma.
El gobierno, en lugar de resolver los graves problemas que estamos padeciendo, en una suerte de huida hacia adelante, forja casos penales sin fundamento, como ha sido la práctica de todo régimen opresor.
Con ello, además, pretende hacer olvidar a la población de sus problemas, distrayéndola con mentiras e infamias en las que ya casi nadie cree.
A estas infames acciones han incorporado a una administración de justicia arrodillada frente al poder, la que en forma nauseabunda le da cobertura “legal” a todos los desmanes que se cometen.
Una limpieza a fondo habrá que hacer del Estado cuando se recupere la libertad. Mientras, todos los demócratas deben repudiar con fuerza esta oleada represiva con la que se sigue jugando con fuego.
Emilio Nouel V.
@ENouelV