Los políticos profesionales son desplazados del poder, mientras que se forma una nueva clase integrada por militares. Entre otras cosas, ese cambio significa que los civiles perdieron el control de los escenarios en los que se decide el presente y futuro de los venezolanos. Los que están mejor ubicados ocupan la segunda línea de mando. Inciden en algunas gobernaciones y alcaldías; y, realizan funciones administrativas. Quedaron en el back-up en esta reingeniería política. Los que aún participan en centros de decisión no tienen voto. Ninguna figura ni organización civil hace contrapeso a los uniformados. Los grupos que expresaban otros intereses fueron minimizados. Los partidos y la Asamblea no tienen repercusión; igual que los poderes públicos. Lo mismo ocurre con casi todos los medios de comunicación, sindicatos, ONG’s y gremios empresariales. Activos y retirados, los militares allanan la política.
Cuando se examinan los hechos recientes se concluye que los militares llevan las riendas de la nación. Tienen el pulso de los acontecimientos; dicen cuando actuar. Ordenan lo que se debe hacer y seleccionan a los civiles que se deben involucrar. Aprueban y desaprueban ministros. Marcan la agenda del PSUV y del Parlamento. En una situación de restricciones económicas como la que existe no alteran sus prioridades y gastos. En los últimos días ha quedado claro que los políticos de oficio miran desde las tribunas el pugilato que protagonizan los jefes militares por el poder.
En los conflictos que los venezolanos perciben dentro y fuera de los cuarteles, dirigentes de trayectoria como Henry Ramos A., Aristóbulo Istúriz y Ramón Guillermo Aveledo o recientes como Henrique Capriles o Tareck El Aissami no están en posición de intervenir; sus opiniones tendrían una limitada resonancia en el caso de que se les escuchara. Sus liderazgos cuentan poco al momento de establecer los objetivos y asignar responsabilidades. Pareciera que en los círculos donde se reconfigura el poder los dirigentes civiles son considerados subordinados, aun cuando por cortesía se les invite. Quizás lo grave es que la visión sobre Venezuela, el ordenamiento del Estado y de la sociedad; en fin, el destino de la nación, lo continúen decidiendo los militares con exclusividad.
En Venezuela los militares ocupan el centro de la política. Por cierto, habría que recordar que un bloque de la Fuerza Armada fue entrenado para acaparar el poder; no para compartirlo. Aquellos cuya conciencia es cincelada con las ideologías de Cuba, China y Rusia, entienden que en los fusiles descansa el fundamento del Estado y, por lo mismo, del gobierno. En su interpretación la legitimidad política radica en la capacidad de utilizar la fuerza, no en la voluntad colectiva. En justicia se debería reconocer que también hay militares socialistas moderados; de la misma manera que hay otro sector que actúa apegado a los principios de la democracia liberal. Sin embargo, las circunstancias podrían forzar algún trato entre estos grupos. Sobre todo, si los políticos no detienen el hundimiento de la República.
Es posible que los militares terminen concretando el pacto que los dirigentes de la oposición y del Polo Patriótico no han logrado promover. Se agota el tiempo para construir un acuerdo que permita el reemplazo electoral del gobierno. Este dato no pasa desapercibido para los militares. Ellos entienden que fracasó una élite política; no algunos lineamientos económicos. También reconocen que el pueblo está indignado. Saben que en Venezuela el colapso es un huésped que llegará sin previo aviso.
Por supuesto, una alianza entre militares implicaría desalojar a los civiles de la política, al menos por un tiempo. Tal vez, esa es la meta que persiguen quienes insisten en polarizar o de aquellos que aspiran darle rango constitucional a lo que el teniente Disodado Cabello, mediante un eufemismo, ha llamado Junta cívico militar. Un esquema en el cual el gobernante electo se transforma en el Presidente de utilería de los soldados de turno.
Alexis Alzuru
@aaalzuru