El Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas centró buena parte de sus preguntas a la delegación del Estado venezolano sobre las denuncias y señalamientos contra los derechos humanos durante las protestas que iniciaron en febrero.
En la primera jornada de la interpelación, este jueves, a la delegación del Estado venezolano, encabezada por el viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos, se vislumbra conocer en detalle los informes correspondientes al periodo 2002 – 2012, en virtud del artículo 19 de la Convención. Desde esa fecha Venezuela no presenta informes.
Diversas organizaciones de la sociedad civil también presentaron informes independientes; Carlos Correa, director de Espacio Público; Calixto Ávila, de Provea, y Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), asistieron en representación de la coalición Foro por la Vida, destacó El Universal en su sitio web.
Los miembros del Comité Contra la Tortura solicitaron reiteradamente cifras e información desagregada sobre los casos de violaciones a los derechos humanos, requerimiento que el país incumple desde 2002.
El danés Jens Modvig, relator para Venezuela, preguntó sobre las denuncias de tortura y tratos crueles durante las manifestaciones del primer semestre de 2014. “Tenemos señalamientos de que los detenidos fueron amenazados con ser violados, no se les permitió acceder a un abogado, a un médico, ni informar a sus familiares”, aseguró Modvig.
El relator pidió precisar el número de personas que han denunciado ser víctimas de violaciones a derechos humanos, y cuántas de éstas han sido investigadas. En este sentido, cuestionó por qué no está detenida la funcionaria de la Guardia del Pueblo que golpeó a Marvinia Jiménez en el estado Carabobo, según destaca la nota de prensa de la UCAB con el resumen de la interpelación.
Modvig también interrogó “cuál es la postura del Gobierno respecto a los colectivos, grupos armados que actúan fuera de la ley oficial, pero que posiblemente estén en coordinación con los agentes de la ley y el orden. ¿Prevén el posible desmantelamiento de esas fuerzas?”.
Sapana Pradhan-Malla, integrante del Comité, destacó que durante las protestas del primer semestre de 2014 “algunas mujeres detenidas sufrieron acoso sexual y muchas fueron humilladas por ser mujeres”. Pidió conocer las medidas tomadas por el Estado para juzgar a los responsables.
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