Marvinia Jiménez. (Foto Fernando Aguirre)
No quiero amabilidad, quiero justicia después de nueve meses de haber sido víctima de la Guardia Nacional. Quiero que la justicia se pronuncie sobre lo que van a hacer con mi caso y me permitan disfrutar de mis derechos ciudadanos, pidió Marvinia Jiménez, quien a pesar de ser minusválida, fue agredida, de manera salvaje durante las protestas de febrero en La Isabelica, publica El Carabobeño.
Alfredo Fermín || afermin@el-carabobeno.com
El caso de Marvinia Jiménez fue un escándalo mundial, luego de que las agencias internacionales de noticias y las redes sociales rebotaron una entrevista, publicada por El Carabobeño, en la que ella contó que fue agredida, entre otros, por una funcionaria de la Guardia Nacional. “Parecía una gorila furiosa porque, en el forcejeo se le quebró una uña que tenía bien bonita”.
Marvinia Jiménez, dedicada a la alta costura, nació con una enfermedad ósea degenerativa que hizo que la parte derecha de su cuerpo se desarrollara más que la izquierda, por lo cual cojea y tiene dormida una mano. El 24 de febrero de este año, cuando iba de su taller de costura a su casa para atender a su hijo, se encontró con tanquetas de la Guardia Nacional que reprimían una manifestación, por lo cual, con un modesto celular, tomó fotos lo cual no agradó a los uniformados.
Una guardia nacional la esposó, la golpeó con el casco militar y le apretó el cuello con supuestas intenciones de ahorcarla. Casi inconsciente la montaron en una moto y se la llevaron a la sede de la Guardia del Pueblo donde continuaron agrediéndola. En el recinto, un guardia la amenazó con patearla con su bota número 48 para que no fuera “parásita inmunda”.
Sin embargo, le levantaron un expediente en el que la acusan de delitos de resistencia a la autoridad, lesiones a funcionarios de la Guardia del Pueblo, daños a la propiedad e instigación a la desobediencia. Por estas acusaciones le dictaron medidas cautelares de prohibición de salida del país, de participar en manifestaciones públicas y régimen de presentación cada 30 días.
Nueve meses después -declaró Jiménez- el Ministerio Público no ha tomado una decisión sobre mi solicitud de justicia. Me reciben con amabilidad pero no hay respuesta. Me dirigí a Caracas, porque el caso está allá. Dijeron que como hubo un cambio del fiscal principal, mi caso lo pasaron a la dirección de homicidios y no me permite ver el expediente.
Desde El Carabobeño, que siempre ha estado pendiente de mi caso, pido justicia en vísperas de que los lapsos se están venciendo, indicó la agredida. “Yo estoy en un limbo jurídico porque tengo mis libertades coartadas. En cambio mi agresora (la funcionaria que parecía una gorila), aunque tiene una orden de captura está en libertad porque, como es chavista, la protege el Ministerio Público”.