Nicolás Maduro cerrará su segundo año de mandato fortaleciendo uno de los ejes fundamentales del chavismo en 16 años de revolución: la persecución política contra la oposición. La presión constante contra sus dirigentes cuenta con el apoyo total de la Fiscalía y el Tribunal Supremo, que en nueve años no ha dictado una sola sentencia en contra de los intereses gubernamentales, así lo publicó El Mundo
Daniel Lozano/ Especial para EL MUNDO Caracas
Poco importa el sustantivo elegido para la caza del antichavista: magnicidio, golpe de estado, guerra económica, atentado, veneno, instigación o conspiración. Precisamente ésta es la acusación que el pasado miércoles elevó el Ministerio Público contra la ex diputada María Corina Machado, una más entre la veintena de líderes y dirigentes opositores cercados por el chavismo.
“Mi defensa solicitó a la Fiscalía que pide a Google un reporte, que certifica la falsedad de los correos. Fui citada por magnicidio y salí imputada por conspiración, cada día un delito nuevo”, insistió Machado.
Destituida en marzo por el presidente de la Asamblea en una maniobra calificada por juristas como inconstitucional, la opositora desplegó de nuevo su discurso sin cortapisas: “Convoco a todos los venezolanos a luchar cívica y pacíficamente. Yo no me entrego, ninguno se entrega. Nosotros enfrentamos la infamia con la verdad”. “Lo de María Corina es la más viva expresión de la criminalización de la disidencia”.
“El expediente en mi contra es grotesco, parece que lo hicieron porque pensaban que yo no iría”, recalcó ayer la presidenta de Vente Venezuela, 24 horas después de eludir la cárcel y tras ser acusada por la Fiscalía de conspiración por unos correos electrónicos enviados desde la cuenta de la exparlamentaria. Este delito conlleva una pena de 8 a 16 años de cárcel.
Citada por magnicidio
“Mi defensa solicitó a la Fiscalía que pide a Google un reporte, que certifica la falsedad de los correos. Fui citada por magnicidio y salí imputada por conspiración, cada día un delito nuevo”, insistió Machado.
Destituida en marzo por el presidente de la Asamblea en una maniobra calificada por juristas como inconstitucional, la opositora desplegó de nuevo su discurso sin cortapisas: “Convoco a todos los venezolanos a luchar cívica y pacíficamente. Yo no me entrego, ninguno se entrega. Nosotros enfrentamos la infamia con la verdad”.
“Lo de María Corina es la más viva expresión de la criminalización de la disidencia”, enfatizó Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Supremo y buena conocedora de los entresijos judiciales del chavismo.
Al otro lado, Luis Ortega, fiscal general, justificó al ministerio público asegurando que sólo realizan “persecución penal” y sosteniendo que “la ley no establece persecución política. En la práctica, tampoco lo hacemos. Hay que revisar la conducta que desarrolla cada una de las personas”.
Los hechos cuestionan las palabras de Ortega, incluso el listado es tan extenso que se necesitaría un especial en este periódico para desarrollar en profundidad cada uno de los casos. A saber: Leopoldo López, líder del ala radical de la oposición, que lleva 10 meses en prisión pese a los exhortos de Naciones Unidas para que sea liberado; Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, la ciudad rebelde, destituido de su cargo y acusado de rebelión civil, desacato y agavillamiento; y Enzo Scarano, primer edil de San Diego, también sacado de su alcaldía a la fuerza tras ser señalado por desacato.
Los dos alcaldes fueron sustituidos por sus mujeres tras arrasar en las elecciones forzadas por Caracas. Los tres permanecen encarcelados en la prisión militar de Ramo Verde y los tres han denunciado malos tratos.
La diputada María Aranguren fue apartada del Parlamento por corrupción, cuando el oficialismo necesitaba su voto para sacar adelante la Ley Habilitante. Richard Mardo y Juan Carlos Caldera recibieron parecidas acusaciones, que niegan, y se vieron obligados a renunciar a sus escaños. También presionan al gobernador ex chavista Henri Falcón con parecidas artimañas.
Para el ex candidato presidencial Henrique Capriles se reservó el delito de incitación a la violencia y para el alcalde Ramón Muchacho y el diputado Julio Borges, la siempre manida amenaza de traición a la Patria. Para los primeros ediles Carlos Ocariz, Gerardo Blyde y David Smolanski se reservaron distintas acusaciones políticas ante el Supremo.
¿Objetivo de todo este entramado? “Mantener a los opositores bajo sospecha permanente con procesos y causas abiertas”, resumió para El Nacional el politólogo Ángel Álvarez.