La Mesa de la Unidad Democrática exigió a través de un comunicado la renuncia de la ministra Iris Varela tras los hechos ocurridos en la cárcel de Uribana en el estado Lara.
Asimismo, pidieron una investigación que establezca con los responsables del hecho. “Exigimos una exhaustiva investigación que establezca todas las responsabilidades correspondientes y evite que este lamentable suceso termine, como tantos otros, en la más absoluta impunidad”, se lee en el texto.
Comunicado
Ante los hechos ocurridos recientemente en la cárcel de Uribana, desde la Mesa de la Unidad Democrática expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los 42 reclusos fallecidos y los muchos que hoy se encuentran en delicado estado de salud, como consecuencia de los hechos acaecidos el 24 de noviembre en esa penitenciaría. A pesar de haber transcurrido ya varios días, el Gobierno sigue sin dar una explicación convincente sobre lo ocurrido. Exigimos una exhaustiva investigación que establezca todas las responsabilidades correspondientes y evite que este lamentable suceso termine, como tantos otros, en la más absoluta impunidad.
De igual forma exigimos la renuncia de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, ya que desde su nombramiento, ha incumplido con la obligación de resguardar la integridad física y los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. Desde el comienzo de su gestión (julio de 2011), de conformidad con las cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, más de 1.500 reclusos han perdido la vida de forma violenta en nuestro país.
Asimismo, el hacinamiento ha aumentado a 231%, ya que ha clausurado varios centros penitenciarios y solo ha construido uno. Igualmente, el constante traslado de reclusos, fuera de los circuitos judiciales en los que se encuentran sus procesos, ha incrementado el retardo procesal. Las fugas de peligrosos delincuentes de los distintos centros de reclusión, también ha sido una constante.
El Gobierno tiene más de 15 años incumpliendo el artículo 272 de la Constitución. Hoy los establecimientos penitenciarios deberían estar descentralizados, en manos de los gobernadores o alcaldes, no centralizados en un ministerio. Igualmente deberían contar con espacios para el trabajo, el estudio y el deporte, pero hoy en ellos solo reina el ocio. Asimismo, todos los directores de las cárceles deberían ser penitenciaristas, profesionales con credenciales académicas, pero esto tampoco se cumple.
Todas estas violaciones a la Carta Magna, han traído como consecuencia que hoy las cárceles sean más unas escuelas de criminales, que centros para la rehabilitación de los internos.
El artículo 43 de nuestra Constitución establece que el Estado es el responsable de proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad. ¿Cuántos reclusos más tendrán que morir antes de que el Gobierno aplique las medidas necesarias para transformar el sistema penitenciario.
Caracas, 5 de diciembre de 2014