Venezuela comenzó el año con una campaña emprendida por un sector de la oposición denominada “La Salida” que, tras varios meses de manifestaciones y protestas, acabó con 43 personas muertas y más de cuarenta opositores en prisión, reseña EFE.
“La Salida” -que comenzó a finales de enero impulsada por la entonces diputada María Corina Machado y el dirigente del partido Voluntad Popular Leopoldo López- invitaba a los venezolanos a asambleas de calle para debatir una forma “constitucional” para poner fin al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.
En el marco de esta campaña, los opositores promovieron una marcha el 12 de febrero, el mismo día que los venezolanos conmemoran la batalla independentista de “La Victoria”.
La jornada comenzó con una manifestación pacífica de miles de personas por el centro de Caracas, pero posteriormente fue agitada por un grupos de encapuchados que atacaron la Fiscalía General y quemaron varios vehículos de Policía.
Los incidentes violentos se saldaron con tres muertos: dos opositores y un chavista.
En los barrios de clase media del este de Caracas, y otras diez ciudades del país, feudos de la oposición, la protesta se replicó día tras día durante cuatro meses.
Por su supuesta responsabilidad en la violencia, fue librada una orden de captura contra López, que se entregó a las autoridades, seis días después del inicio de las protestas rodeado de miles de manifestantes convocados por él mismo.
Según Maduro, López debía responder por “sus llamados a la sedición”.
Las protestas, que se iniciaban con marchas pacíficas de estudiantes y ciudadanos, terminaban con largos enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y jóvenes encapuchados armados de piedras y bombas caseras.
En internet los radicales difundían instrucciones para armar barricadas con alambres, escombros, árboles y postes derribados.
En medio de la crisis política que ya sumaba 19 muertos, el Gobierno de Panamá pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión de ministros para tratar la situación de Venezuela, a lo que Maduro respondió rompiendo relaciones diplomáticas mientras Ricardo Martinelli estuviera al frente de ese país.
Por su parte, Machado comenzó una cruzada internacional para denunciar a Maduro y la situación de vulneración de los derechos humanos que, aseguró, sufría su país, e intentó participar en una sesión de la OEA, en calidad de miembro de la representación de Panamá.
A su regreso al país, a finales de marzo, el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, afirmó que Machado había perdido su acta de diputada por aceptar el cargo panameño, lo que según él, contravenía su obligación de dedicación exclusiva como legisladora.
Un mes después, la opositora fue vinculada a un plan para matar a Maduro, que fue descubierto por unos supuestos correos electrónicos que intercambió con otros dirigentes de oposición. En los mensajes, según la denuncia, la exdiputada decía que había llegado la hora de acumular esfuerzos y obtener “el financiamiento para aniquilar a Maduro”
En abril el Gobierno y la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) comenzaron un diálogo sin precedentes con el fin de frenar la crisis política del país, pero ni los estudiantes ni los líderes de la protesta participaron en los encuentros, por lo que las manifestaciones se mantuvieron.
La oposición pidió amnistía para los detenidos, exigencias de solución a los problemas de la economía y la inseguridad, así como llamados a recuperar la normalidad en las instituciones, mientras que el Gobierno reclamó el reconocimiento y respeto a su proyecto y una condena clara de la violencia.
Tras un mes de reuniones, la oposición decidió plantarse y no continuar en la mesa del diálogo hasta que el Gobierno no ofreciera “gestos” sobre sus reivindicaciones.
El secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, anunció que ese proceso estaba “en crisis”, y al poco tiempo la propia plataforma fue reestructurada.
El opositor López, acusado de ser autor intelectual de incendio intencional, instigación pública y otros delitos, y cuya detención fue “arbitraria”, según la ONU, lleva ocho meses en prisión y seis audiencias de juicio sin mayores avances.
Por su parte, Machado ha sido imputada y será juzgada por su supuesta implicación en el plan para matar a Maduro, que el próximo abril cumplirá dos años al frente del país.
Indira Guerrero/EFE