Dos ex ejecutivos de una desaparecida firma de corretaje en Nueva York se declararon culpables el miércoles de haber participado en el soborno a funcionarios de un banco estatal en Venezuela para conseguir un negocio cambiario.
Benito Chinea, quien fuera presidente ejecutivo de la firma Direct Access Partners LLC, y José Demeneses, su director, se declararon culpables de las acusaciones de conspiración ante una corte federal en Manhattan.
Chinea, de 48 años, admitió que en 2011 discutió sobre cómo pagar un soborno al jefe de operaciones del Banco de Desarrollo Económico de Venezuela, conocido como Bandes.
“Yo sabía que hacer un acuerdo con otros para pagar un soborno era incorrecto e impropio, y además violaba las leyes de Estados Unidos”, dijo Chinea ante el juez.
Los testimonios de Chinea y Demeneses, de 46 años, forman parte de una gran investigación en Estados Unidos sobre el soborno que involucró a la firma estadounidense con el banco del Gobierno de Venezuela.
Fiscales dijeron que los operadores participaron en una estafa entre 2008 y 2012, que involucró pagos a la jefa de operaciones y funcionaria de alto rango del Bandes, María de los Ángeles González de Hernández.
El fraude le generó a los operadores ganancias superiores a 60 millones de dólares por la comercialización de títulos valores que González les asignó a cambio de recibir 5 millones de dólares, según habían dicho los fiscales previamente.
La empresa matriz de la firma Direct Access Partners LLC se declaró en bancarrota en mayo de 2013, después que los fiscales presentaron los primeros cargos contra los directivos.
González se declaró culpable el mes pasado de llevar adelante operaciones de lavado de dinero y conspirar para violar leyes estadounidenses, así como de otros cargos vinculados con esos delitos. Junto a otros empleados de la firma estadounidense ha colaborado con la investigación.
Al aceptar su culpabilidad, Chinea y Demeneses aceptaron renunciar a 3,6 millones de dólares y 2,7 millones de dólares, respectivamente. Ambos enfrentan penas de hasta cinco años de prisión, de acuerdo con lo que decida el juez en su sentencia, prevista para el 27 de marzo.
Un juicio en paralelo ante el ente regulador de las instituciones financieras en Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) está pendiente. Reuters