El abogado y defensor de DDHH, Rafael Narváez, exigió al Estado venezolano que ordene la salida inmediata de los militares que estén laborando en todo lo relacionado al tema de la seguridad ciudadana en el país. “Luego de 22 planes integrales de seguridad con buena intención, estos no han sido suficientes para colocar el hampa contra la pared. Los militares deben dedicarse a sus cuarteles porque no conocen nada de política criminal”.
Explicó que de todos los ministros que han ocupado la cartera de Interior y justicia, nueve han sido militares, situación que en su opinión incidió de forma notable en el incremento de las cifras de muertes, como consecuencia de la violencia en el país. “El balance de estos funcionarios es negativo. Es Estado debe asumir la responsabilidad de buscar expertos civiles en la materia, tal como lo establece la Ley de seguridad ciudadana”.
“Quienes intentaron infructuosamente garantizar la vida de la población, los bienes y hasta quienes están privados de libertad, como lo ordena el artículo 43 de nuestra Carta magna, lamentablemente desconocen los métodos para establecer una política preventiva, represiva en materia de orden público y el tratamiento acorde que debe recibir el sistema penitenciario”, explicó el jurista.
Señaló que la iniciativa llevada adelante por la Asamblea Nacional en 2014 de hacer una ley para el control y desarme que buscó desarmar a la población, fue bien visto sólo por quienes actúan al margen de las leyes. “El desarme voluntario es una mentira. Se habla de 24.000 armas que fueron entregadas de forma voluntaria en 2014. No vimos que pasó con estas personas que presuntamente decidieron abandonar sus armas para buscar la forma de ir a la universidad y si supimos de unas 300 becas entregadas a quienes supuestamente las entregaron”.
Aseguró que luego de reunirse con muchos familiares de funcionarios policiales pudo constatar que la inseguridad, producto de la falta de planificación gubernamental es un drama que acorrala a la sociedad venezolana. “El hampa sigue con el moño suelto ante la indiferencia de los entes del Estado encargados de elaborar una efectiva planificación para combatir el delito. En Caracas tenemos policías uniformados que tienen el temor de hacer frente al crimen porque saben que fueron asesinados 132 uniformados en 2014 para quitarles su arma de reglamento”.
Narváez acusó al Ministerio Público de ser responsable de la impunidad en el país y al Poder judicial de ser cómplice del retardo procesal. “Las audiencias nunca llegan a la etapa preliminar y mucho menos a etapa de juicio porque el victimario siempre se escapa. Por otra parte, si tenemos 51.000 reclusos, de los que el 80 por ciento no tiene sentencia firme, significa que hay una flojera por parte del Poder judicial que ni siquiera se molesta en llevar los reos a las audiencias”.
Planteó la necesidad de un encuentro por el derecho a la vida y un desarme sin privilegios para evitar nuevos hechos de sangre. “¿Por qué los ministros de Interior y justicia nunca son interpelados en la Asamblea Nacional? Estoy dispuesto a ayudar, así como también estoy dispuesto a ejercer un control como defensor de Derechos Humanos para denunciar la dejadez del Poder judicial y la falta de acusación del Ministerio Público”, concluyó. Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad