El relato que la fiscalía mexicana ofreció el martes sobre la presumible masacre de 43 estudiantes a manos de narcotraficantes, que consideró probada legalmente, genera “muchas dudas fundadas”, dijo este miércoles el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco.
Para HRW, las conclusiones de la investigación oficial generan “mucho escepticismo y muchas dudas fundadas” porque se basan en “confesiones, hipótesis y en extrapolar los resultados de un peritaje de laboratorio”, señaló Vivanco a la emisora MVS Radio.
“Dados los enormes índices de violencia y corrupción en México, lamentablemente no es inverosímil el relato que hace (el fiscal general Jesús) Murillo Karam. Sin embargo, es difícil confiar en su palabra”, enfatizó.
El martes, Murillo Karam dio oficialmente por muertos a los 43 estudiantes de magisterio que desaparecieron el 26 de septiembre después de haber sido atacados por policías corruptos de la ciudad de Iguala (Guerrero, sur) que luego los entregaron a sicarios del cártel Guerreros Unidos.
Con base en las declaraciones del casi centenar de detenidos y más de 400 peritajes, el fiscal aseguró que “la verdad histórica” es que los chicos fueron asesinados por los narcotraficantes, incinerados y sus restos arrojados a un río.
Hasta el momento, sólo uno de los estudiantes ha podido ser identificado mediante pruebas de ADN en un prestigioso laboratorio de Austria.
“Sabemos que en México se arrancan confesiones sobre la base de apremios, torturas, irregularidades y presiones”, cuestionó Vivanco al relativizar la credibilidad de las declaraciones de sicarios de Guerreros Unidos en las que admiten su participación en el crimen, que fueron exhibidas parcialmente a la prensa por la fiscalía.
Vivanco consideró que existe “prisa o premura por concluir mediáticamente esta investigación” del brutal crimen, que conmocionó a México y al mundo.
También señaló que las conclusiones de la fiscalía pierden fuerza sin “un respaldo o una opinión” de organizaciones independientes como los forenses argentinos que colaboran en el caso a petición de las familias o los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fueron nombrados para supervisar la investigación.
Lo presentado el martes por el fiscal “no es una verdad histórica, es una versión oficial de lo ocurrido”, concluyó el director de HRW para las Américas.
La noche del martes, las familias de los estudiantes rechazaron que se dé por muertos a sus hijos hasta que se pruebe científicamente y reclamaron que la investigación continúe hasta encontrarlos. AFP