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El Foro de Promoción Democrática Continental como plataforma para voces diversas en la promoción de la Democracia en el Continente Latinoamericano y paises del Caribe apoya la iniciativa del InterAmerican Institute for Democracy (IID) y Participatory Democracy Cultural Initiative y rechaza la aprobación de la resolucián 008610 del Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero, 2015.
La Resolucion 008610 viola expresamente los Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales suscritos y ratificados por la República de Venezuela en materia de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional y deben aplicarse de manera preferente cuando sean más favorables para el ejercicio de estos derechos de reunión y expression. El enunciado no especifica las diferencias en el uso de armas , entre manifestaciones pacíficas o no pacíficas, y forma parte de la creación de un entramado legal orientado a la intimidación de los manifestantes mediante el uso desmedido de la fuerza publica a través del empleo de armas “potencialmente mortales” por parte de las autoridades militares.
Rechazo de la Resoluciún 008610 del Ministro de Defensa de la República Bolivariana de Venzuela publicada en la Gaceta Oficila del 26 de Enero, 2015.
El InterAmerican Institute for Democracy (IID) y Participatory Democracy Cultural Initiative (PDCI) y su subsidiaria en la WEB, DemocraciaParticipativa.
Esta resolución desconoce los postulados de la Constitución venezolana, que en su artículo 68 señala: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
El nuevo modelo aprobado de control militar para reuniones de la ciudadanía no distingue entre manifestaciones pacíficas o violentas, simplemente estipula que cuando exista una situación de “riesgo mortal” los efectivos militares deberán usar las armas de fuego, tomando las precauciones para reducir los daños. Esta decisión se aleja de toda forma democrática y de respeto a los Derechos Humanos. El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (que Venezuela suscribe) establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.
La ordenanza también desconoce normas internacionales establecidas en instrumentos como en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) en 2009, en el cual se establece que: “…dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno” (Cap.IV B.5, Artículo 100).
En ausencia del respeto debido esta norma establecida por la CIDH, más de 40 personas fueron asesinadas y decenas resultaron heridas durante diferentes manifestaciones que se registraron en el territorio nacional entre febrero y junio de 2014.
Otras organizaciones internacionales han estado advirtiendo sobre la delicada situación de los Derechos Humanos en Venezuela, incluyendo a Freedom House, que en su más reciente informe anual advierte que la Libertad en Venezuela ha disminuido “debido a la respuesta represiva del gobierno a las manifestaciones contra el gobierno, incluida la violencia por las fuerzas de seguridad, los arrestos politizados de partidarios de la oposición y el fracaso del sistema jurídico para proteger los derechos básicos de debido proceso para todos los venezolanos detenidos”. O también como el más reciente informe mundial anual de Human Rights Watch (HRW) que alerta sobre la fuerza excesiva ejercida contra manifestantes desarmados, la falta de independencia del Poder Judicial, los graves problemas de libertad de expresión, y el acoso reiterado a defensores de los derechos humanos.
Estas medidas represivas empeoran la situación de los derechos humanos y son otro paso atrás en un proceso que conduce a la pérdida total de los valores y mecanismos democráticos en Venezuela.
La PDCI y DP.net apoyan la campaña recientemente lanzada por el World Movement for Democracy (WMD) sobre este tema y reiteran su respaldo a la labor de las organizaciones amantes de la democracia que defienden y promueven los Derechos Humanos en Venezuela, así como a los activistas de la sociedad civil, organizaciones e instituciones democráticas, que a pesar de medidas intimidatorias como esta siguen sumando esfuerzos por la libertad y soberanía del pueblo venezolano.
· Exigimos al gobierno de Venezuela, a nombre de los principios del derecho internacional y de los instrumentos de derechos humanos internacionalmente reconocidos, que cumpla con su obligación esencial de respetar y defender a sus ciudadanos y cese sus medidas represivas y el uso de la fuerza desmedida para amedrentar, reprimir e intimidar a los integrantes de la sociedad civil venezolana y a los miembros de organizaciones políticas de oposición.
· Exhortamos dentro de este contexto a la comunidad internacional, en particular a los países de América Latina y del Caribe, a expresar su solidaridad con quienes en Venezuela se esfuerzan por promover el debido respeto a las Libertades, la Democracia y los Derechos Humanos del pueblo venezolano.