Enfrentamos una dictadura brutal que se quitó la máscara ante el mundo y metió preso a empellones y arbitrariamente sin prueba alguna, al segundo hombre que ocupa el cargo más relevante de la república, electo por la sagrada voluntad popular. La división de poderes no existe, quedó pulverizada.
El régimen definitivamente no busca el bien común sino imponer a troche y moche un modelo corrupto y empobrecedor para mantenerse en el poder como sea. Miente, miente y miente, y no se dejan guiar por la verdad.
Los religiosos católicos en cambio si lo hacen y siempre han estado presentes en las comunidades más pobres acompañándolas en sus dolores, impulsando la promoción humana, por ello resulta creíble su testimonio.
Denuncian la situación caótica que nos envuelve por la inseguridad desbordada y la persecución judicial de la disidencia; el dramático cuadro de la salud con el desate de epidemias, carestía de medicinas, insumos y equipos médicos. La situación trágica en el sistema penitenciario y la escasez de productos básicos por destrucción del aparato productivo. La mala calidad del empleo y la educación.
Los pastores de la iglesia coinciden en que la descalificación sistemática a toda opinión contraria es un acto irracional, como lo es el establecimiento de una hegemonía comunicacional que limita la actuación de medios independientes. La designación de los Rectores del CNE, magistrados del TSJ y autoridades del Poder Ciudadano de acuerdo a intereses partidistas, no refleja la pluralidad política del país y de la Asamblea Nacional.
Para lograr la concertación es preciso el respeto a los derechos humanos, y poner término al uso de la violencia en el control de legítimas manifestaciones, así como liberar a los presos políticos y no utilizar el sistema judicial para inhabilitar a los adversarios. Abundan las denuncias de violaciones de derechos humanos y de torturas a los detenidos.
Es momento para que los líderes de la oposición trabajen unidos, con grandeza y desprendimiento, por el bien de Venezuela, con acento en lo colectivo y dejando atrás el “yoismo”. El estamento militar debe actuar con la imparcialidad postulada por la Constitución.
Si actuamos con el arma de la no violencia, podremos reconstruir la convivencia social, el orden constitucional y la paz interna de la República.
El CNE tiene la obligación de actuar con transparencia e imparcialidad, sin promover cambios que lesionen la justicia y la representación equitativa de la población; es su deber impedir el ventajismo y asegurar que no se utilicen los recursos del Estado a favor de ninguna candidatura.
Es un hecho deplorable la emigración de miles de venezolanos, que desintegra las familias y constituye un empobrecimiento de nuestro talento humano.
Esta situación no puede continuar. Hay que actuar unidos por Venezuela.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!