La Justicia argentina debe decidir esta semana si acepta la imputación de la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas solicitada por el fiscal que se hizo cargo de la denuncia presentada por su fallecido colega Alberto Nisman.
El juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa, tiene que resolver también si aprueba las 50 medidas de prueba requeridas por el fiscal Gerardo Pollicita, que incluyen allanamientos, exámenes de telecomunicaciones y declaraciones testimoniales.
La muerte de Nisman, en circunstancias aún sin aclarar, dejó en segundo plano durante un mes la demanda judicial contra Fernández, hasta que Pollicita volvió a situarla en el centro de la escena al acusar a la mandataria y varios colaboradores de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado” y posible “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Pollicita descartó por el momento llamar a indagatoria a Fernández y al canciller, Héctor Timerman, tal y como había reclamado Nisman en la denuncia que presentó contra ella cuatro días antes de morir.
La imputación de la mandataria supondría un serio revés judicial para el Gobierno de Fernández, que tiene varias causas abiertas y mantiene un duro enfrentamiento con el Poder Judicial.
Tras confirmarse el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, en un caso por presunta corrupción y la ratificación de la investigación a una empresa participada por la presidenta, el Ejecutivo denunció el viernes la existencia de un “ataque” contra el Gobierno orquestado “entre la Justicia y las corporaciones”.
La tensión entre el Ejecutivo argentino y la Justicia se ha acentuado a raíz de la denuncia del fiscal que investigaba el atentado contra la mutual judía AMIA, que provocó 85 muertos en 1994, y de su posterior fallecimiento el pasado 18 de enero.
Tras descalificar la presentación judicial de Nisman contra la presidenta, el oficialismo arremetió también contra el grupo de fiscales que convocó una marcha en homenaje a su colega fallecido un mes después de su muerte, a la que asistieron cerca de 400.000 personas.
Nisman fue hallado sin vida en su casa de Buenos Aires con un tiro en la sien, pero aún no hay pruebas concluyentes para definir si se trató o no de un suicidio.
Por el momento, solo hay un imputado, el colaborador del fiscal Diego Lagomarsino, por haberle prestado el arma que le provocó la muerte y que fue encontrada junto a su cadáver en el baño de la casa.
Además, la investigación está rodeada de polémica por las numerosas irregularidades denunciadas por la querella y por testigos y por las numerosas filtraciones a la prensa de información reservada.
La fiscal de la causa, Viviana Fein, tomó declaración el viernes a Natalia Fernández, convocada como testigo en la escena de la muerte, y afirmó que la joven modificó de forma oficial su relato, después de que había asegurado ante los medios haber visto cómo el personal que participó en el operativo repasó la documentación esparcida sobre la mesa de Nisman, tocó el teléfono del fiscal y usó los baños y la cafetera, entre otras irregularidades.
Según ha trascendido, la Justicia sólo ha hallado rastros de ADN de una persona distinta al fiscal hasta la fecha, localizados en una taza de café, pero aún se desconoce a quién pertenecen.
Tampoco se han divulgado de forma oficial los resultados del informe toxicológico ni algunas declaraciones consideradas clave, como la del exjefe de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso, con quien Nisman mantenía una estrecha relación laboral y al que llamó en varias ocasiones en las horas previas a su fallecimiento.
Para el Gobierno argentino, la muerte del fiscal fue fruto de una operación de desestabilización agentes secretos desplazados de sus cargos en diciembre pasado. EFE