El asesinato del estudiante Kleiverth Roa, de apenas 14 años de edad, a manos de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, evidenció la precariedad del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Una serie de factores confluyen para que estos casos dantescos se sigan produciendo en el país.
El 27 de enero pasado apareció publicada en Gaceta Oficial la resolución 008610, emanada del Ministerio de Defensa, mediante la cual se autorizó, bajo criterios muy subjetivos, la utilización de armas de fuego y la aplicación de la fuerza mortal en el control de las manifestaciones públicas. Muchos habíamos advertido, no sólo la inconstitucionalidad de esta norma, sino también el peligro de que su errónea aplicación por parte de los funcionarios de seguridad pudiese generar violaciones al derecho a la vida y al resto de las garantías fundamentales de los venezolanos.
A pesar de que hasta la Fiscal General y el Defensor del Pueblo (que no se caracterizan precisamente por contrariar las acciones del Ejecutivo) han pedido la modificación de esta resolución, la misma hoy sigue vigente. La Mesa de la Unidad Democrática introdujo un recurso de nulidad ante el TSJ, del cual todavía se espera respuesta.
La PNB fue creada en 2009 con la promesa de que se iba a convertir en una policía modelo, respetuosa de los DDHH. El tiempo demostró que esta oferta fue engañosa (no solo por este caso, sino por muchos otros en los que se han visto involucrados funcionarios de la PNB). ¿Cuáles son los criterios utilizados para el ingreso a la PNB? ¿Cuál es la formación que reciben estos funcionarios? ¿A qué tipo de personas el Gobierno les está entregando armas y credenciales?.
La impunidad con la que se cometen las violaciones a los DDHH en Venezuela constituye otro incentivo para la repetición de estos delitos. Cofavic ha señalado que cerca del 98% de las acciones que atentan contra los derechos fundamentales quedan sin ningún castigo en nuestro país. Si se hubiesen sancionado a los funcionarios de seguridad que el año pasado asesinaron o lesionaron gravemente a manifestantes, muy posiblemente el adolescente Kleiverth Roa estuviera vivo hoy.
El discurso de odio que en los últimos años se ha emitido desde el poder, sin duda alguna constituye otra de las razones que motivan hechos como el ocurrido en San Cristóbal. La gran mayoría de la población aboga por el cese de la confrontación y el establecimiento de la paz. Esa es la única vía que permitirá el progreso del país. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, Aministia Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones de DDHH han condenado los abusos contra las libertades en Venezuela. Algunos gobiernos, personalidades y parlamentos del mundo también han hecho lo propio. Dentro y fuera del país hay gran preocupación acerca de la situación.
La escasez, la inflación y la inseguridad tienden a agravarse. La respuesta del Gobierno ante el descontento generalizado no puede continuar siendo la brutal represión y el encarcelamiento de líderes políticos que no han cometido delito alguno, tal como ocurrió con Leopoldo López y recientemente con el alcalde Antonio Ledezma, entre muchos otros.
El presunto autor material del homicidio del estudiante Kleiverth Roa fue detenido y presentado en tribunales, pero eso no es suficiente. Para que haya verdadera justicia ningún otro venezolano debe caer nuevamente por la acción criminal de las fuerzas de seguridad. No se puede seguir asesinando al futuro de Venezuela.
Luis Izquiel
Twitter: @luisizquiel