Orlando Chirinos, coordinador de la Alianza Nacional de Trabajadores Cementeros (Antracem), denunció que sobre él pesan 5 calificaciones de despido y acusó a la gerencia de Venezolana de Cementos de injerencia patronal y practicas antisindicales, en el desarrollo de sus actividades sindicales, por ser voz y rostro de la clase obrera cementera. Señaló que los recursos conciliatorios pueden resultar inútiles cuando la intención es ignorar los derechos que consagra la Constitución. NP
“Se sabe que la ley da la potestad de defender la autonomía sindical, pero también se califica como prácticas antisindicales cuando la entidad del trabajo viola los derechos de los trabajadores. Son una serie de acciones que constituyen abuso de poder. En el caso de La Venezolana de Cemento agotamos las vías conciliatorias sin que se llegara a ningún acuerdo y nos sometimos a un procedimiento de práctica antisindical, al negarme el ingreso, como secretario general del sindicato, a la planta y los centros de trabajo”, denunció Chirinos.
Cumplido el primer paso, añade que a los cinco días se debió emanar una providencia administrativa que nunca llegó. “Hace dos meses hicimos este procedimiento y notificamos a la entidad de trabajo, que debía pronunciarse en cinco días y todavía seguimos esperando, lo que significa que tenemos una Inspectoría de Trabajo que aún sigue siendo violatoria de los derechos de los trabajadores, indicó el también portavoz de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete).
Advierte sobre la participación de las milicias obreras como espías de oficio. “Son un brazo de fuerza contra las organizaciones sindicales legítimas, que pretenden enterrar el modelo que hasta ahora conocemos” acota el dirigente gremial, quien ha denunciado la destitución selectiva de trabajadores, como aplica en su caso, con cinco calificaciones de despido, de las cuales la última salió con lugar, donde le imputan abandono del puesto del trabajo.
“Quizás sea el único trabajador, que aún con licencia sindical, fui botado por ausentarme 1 hora y 45 minutos, lo que representa la criminilazación del sindicalismo y de la protesta”, acotó Chirinos.
En diciembre de 2014 el portavoz de Unete y Antracem denunció que de los 9.000 trabajadores que conforman la nómina de la industria cementera, el 75% de ellos devenga sueldo mínimo y que desde hace ocho años no se les renueva contrato colectivo. Añadió una caída del 50% de operatividad en la producción del cemento y que de las 23 plantas que deberían existir en el país, sólo hay 9.