El Presidente Obama emitió hoy una nueva Orden Ejecutiva (EO) donde Estados Unidos declara la emergencia nacional con respecto a la amenaza “inusual y extraordinaria” que representa la situación de Venezuela a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Las sanciones específicas de esta EO tienen como objetivo: la Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela y la Ley de la Sociedad Civil de 2014, que el presidente estadounidense firmó el 18 de diciembre de 2014, y también van más allá de los requisitos de la mencionada legislación.
Estamos comprometidos con la promoción del respeto de los derechos humanos, la protección de las instituciones democráticas y la protección del sistema financiero de Estados Unidos a partir de los flujos financieros ilícitos de corrupción pública en Venezuela.
Esta nueva resolución está dirigida a las personas involucradas o responsables de la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de los opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia, violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad durante manifestaciones antigubernamentales y también la detención arbitraria o detención de manifestantes opositores, así como la significativa corrupción de parte de altos funcionarios del gobierno de Venezuela. La EO no tiene como objetivo a los venezolanos o ni a la economía de Venezuela.
En concreto, el EO se dirige a las personas señaladas por el Departamento de Hacienda, en consulta con el Departamento de Estado, por participar en:
1. Acciones o políticas que socavan los procesos e instituciones democráticas;
2. Actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014;
3. Acciones que prohíben, limitar o penalizan el ejercicio de la libertad de expresión o de reunión pacífica; o
4. Corrupción pública de funcionarios de alto nivel en el Gobierno de Venezuela.
La OE también autoriza al Departamento de Hacienda, en consulta con el Departamento de Estado, a sancionar a cualquier persona que sea señalada como:
1. Líderes actuales o anteriores de una entidad que tenga, o cuyos miembros han o hayan participado en actividades descritas en esta EO o de una entidad cuyos bienes e intereses en propiedad están bloqueados o congelados en virtud de la OE; o
2. Ser un funcionario o ex funcionario del Gobierno de Venezuela;
Las personas señaladas o identificadas para la imposición de sanciones en virtud de esta OE, incluyendo las siete personas que se han enumerado hoy en el anexo de esta EO, tendrán su propiedades e intereses en Estados Unidos bloqueados o congelados, y todo ciudadano estadounidense tiene además prohibido hacer negocios con los individuos antes señalados. La OE también suspende la entrada en los Estados Unidos de personas que cumplen los criterios de estas sanciones económicas.
Vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con los demás en la región para apoyar una mayor expresión política en Venezuela, y alentar al gobierno venezolano a estar a la altura de sus compromisos internacionales, como se establece en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos pertinentes relacionados con la democracia y los derechos humanos.
El Presidente impuso sanciones a los siguientes siete personas que figuran en el anexo de la EO:
1. José Antonio Benavides Torres: Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la Región Central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) y el ex Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).
Benavides Torres es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB utilizaron la fuerza contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física grave, asalto sexual y el uso de armas de fuego.
2. Gustavo Enrique González López: Director General del Servicio Bolivariano de Venezuela de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Presidente del Centro Estratégico de Venezuela de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).
• González López es responsable o cómplice de ordenar, controlar o de alguna manera dirigir, participando directa o indirectamente en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. Como Director General del SEBIN, que se asoció con la vigilancia de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela.
• Bajo la dirección de González López, SEBIN ha tenido un papel destacado en las acciones represivas contra la población civil durante las protestas en Venezuela. Además de causar numerosas lesiones, el personal del SEBIN han cometido cientos de allanamientos forzados y detenciones extrajudiciales en Venezuela.
3. Justo José Noguera Pietri: El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad de propiedad estatal, y el ex Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).
Noguera Pietri es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, incluida la violencia física grave, asalto sexual, y las armas de fuego.
4. Katherine Nayarith Haringhton Padron: Fiscal a nivel nacional de la 20 ª Oficina de Distrito del Ministerio Público de Venezuela.
Haringhton Padrón, en su calidad de fiscal, ha acusado a varios miembros de la oposición, entre ellos el ex legislador de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, el alcalde de Caracas Antonio Ledezma Díaz, por el delito de conspiración en relación con presuntos planes de asesinato / golpistas basadas en información poco plausible – y en algunos casos fabricadas -. La evidencia utilizada en apoyo de los cargos contra Machado y otros era, al menos en parte, sobre la base de correos electrónicos fraudulentos.
5. Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
Pérez Urdaneta es un líder actual de la Policía Nacional Bolivariana, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014 . Por ejemplo, los miembros de la Policía Nacional hizo uso de fuerza física severa contra los manifestantes pacíficos y periodistas en varias ciudades de Venezuela, incluyendo a disparar munición real.
6. Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31 ª Brigada Blindada del Ejército Bolivariano de Venezuela y ex Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN).
Bernal Martínez era el jefe del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas contra los manifestantes matando a dos personas cerca de la oficina del Procurador General.
7. Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector General de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela (FANB) y el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela.
Vivas Landino es responsable o cómplice de ordenar, controlar o de alguna manera dirigir, participando directa o indirectamente en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014.