Leímos con mucha atención las sanciones que el Gobierno de Estados Unidos decretó este lunes contra un grupo de militares y civiles venezolanos.
Según el comunicado de la Casa Blanca, se declaró la “emergencia nacional” de ese país, por la situación política venezolana y se indica que es el gobierno (y no el país como interpretaron algunos) el que amenaza la seguridad nacional estadounidense.
Antes de abordar el aspecto político de esta decisión debemos aclarar que este es un procedimiento legal y autónomo ya usado por la Casa Blanca contra gobiernos considerados hostiles y hasta peligrosos para la paz mundial.
Es decir, es una decisión discrecional del Gobierno de Estados Unidos con la que puede uno estar de acuerdo o no. Pero es un derecho soberano de ellos. Un acto del cual pueden hacer uso, así como también Venezuela ha adoptado medidas similares de negar la entrada al país a George Bush, Dick Cheney, George Tenet, Robert Meléndez, Marco Rubio e Ileana Ros-Lehtinen.
Lo que no podemos es “pisar el peine” e interpretar una decisión contra siete funcionarios acusados de violar los derechos humanos y de incurrir en actos de corrupción y transponerlo como si fuera un “ataque contra Venezuela” y una “violación contra nuestra soberanía”. Más grave es aún que algunos desprevenidamente se solidaricen con el régimen y digan que están de acuerdo con que no haya injerencia, no porque no apoyemos el principio de soberanía y autodeterminación de las naciones, sino porque que algunos se hacen eco de las palabras del Gobierno inoportunamente.
No entiendo por qué fijar una posición sobre supuesta injerencia, como si lo que está ocurriendo es una intromisión. Usar en estos momentos esa palabra es darle volumen a esa tesis de Maduro. No podemos reforzar la falacia de que la lucha de ellos es la lucha de todos.
Venezuela no es ninguna amenaza contra nadie. Para Obama es el gobierno y algunos de sus representantes quienes incurren en violación de derechos humanos y de allí repito, que la medida no es contra todos los venezolanos, es contra quienes ellos consideran que cometen delitos de lesa humanidad.
De modo que no podemos tolerar que nuestro gobierno se arrope con la bandera para exacerbar falsos sentimientos nacionalistas y hable de guerra, ataques o invasión, cuando lo que están planteadas son restricciones contra un grupo de funcionarios.
¿Es injerencia congelar cuentas en el extranjero y suspender visas a quienes claramente violan los derechos humanos y tengan propiedades sospechosamente adquiridas? Absolutamente no.
La lucha no es invocar una soberanía cuando nadie está atacándola. Siete militares no representan eso. Nuestro propósito sí debe ser defender los derechos humanos de los venezolanos y rechazar esta excusa que ha urdido el régimen para decretar y meternos de contrabando una Ley Habilitante que va a acentuar más la persecución y la radicalización del país. Nuestra lucha no es por defender una soberanía que nadie está atacando, sino por defender la democracia y los derechos humanos.
@LesterToledo