El secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, se ha pasado una semana de audiencias en Washington escuchando denuncias sobre todo tipo de abusos e irregularidades en el hemisferio. Cuando se le pregunta cuáles son los aspectos que más le preocupan, no duda en señalar la situación en Venezuela.
La CIDH acaba de dictar una medida cautelar a favor de Marco Antonio Ponce, director delObservatorio Venezolano de Conflictividad (OVC). Él es uno de los activistas señalados -con fotos- en el programa de televisión Con el mazo dando del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, como los representantes de la “extrema derecha” que acudieron esta semana a las sesiones de la CIDH. El programa publicó además la hora exacta en que los activistas regresaban de su viaje “al Imperio”, este sábado, algo que ha provocado la “alarma” de la Comisión.
Pregunta. ¿Por qué considera la CIDH especialmente grave este hecho?
Respuesta. A la Comisión le ha preocupado enormemente la reacción que está presentando Venezuela en contra de las personas que vinieron a denunciar, a conversar o a presentar información al sistema interamericano de derechos humanos. Que en el programa del presidente de la Asamblea Nacional se hagan expresiones explícitas en contra de quien venga, que se diga qué día y a qué hora regresan es muy grave, es una especie de señalamiento, de estereotipación que va en contra de las obligaciones del Estado. Es muy grave que una autoridad de ese nivel, que también es autoridad del Estado, haga ese tipo de señalamientos, o en medios de comunicación relacionados con él. Es muy preocupante, la Comisión ha emitido una medida cautelar, emitió un comunicado, y no es aceptable bajo ninguna condición que los defensores que acuden a las instancias interamericanas reciban represalias de los países.
P. Otro de los asuntos que han regresado a la CIDH son las denuncias de desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos en México. Parecía que el tema había remitido, pero de pronto estallaron los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. ¿Qué ha pasado?
R. Es la suma de acción y soluciones en materia de fenómenos no debidamente atendidos: el fenómeno de las desapariciones no es nuevo, pero ha ido tomando una dimensión cada vez mayor, y los fenómenos que en su momento se pudieron haber generado para detenerlo, no se hicieron. La diferencia es que la situación, con el paso del tiempo, no mejora. Eso lo hace peor.
P. ¿Cómo ha actuado el Estado?
R. México ha tenido cambios paradigmáticos legislativos, reformas constitucionales y política pública y sinergia con instancias internacionales. Pero el componente cotidiano en materia de justicia, en materia de cambio de la situación, no está llegando en materia de derechos humanos. Hay una crisis de derechos humanos. Por lo menos en temas como las desapariciones forzadas, la impunidad o los temas pendientes en materia de justicia, hay una crisis no atendida en su justa dimensión. No digo que no se hagan esfuerzos, no desconozco que haya esfuerzos legislativos, de política pública. Pero por ejemplo el mecanismo de defensa de defensores en México es… ya no digo simbólico, es casi irrisorio, está muy muy lejos de lo que se necesita. También sucede con los mecanismos de búsqueda de personas, es muy desesperante, y entonces la crisis va subiendo. Los llamados de atención van subiendo también. No veo que sea una realidad aceptable ni normalizable.
P. ¿Cómo se puede remediar?
R: Yo ubicaría como uno de los primeros niveles de responsabilidad en los gobiernos estatales. El fenómeno de la incapacidad de los gobiernos estatales en materia de procuración y administración de justicia es cada vez mayor, y eso le carga doble la responsabilidad del gobierno federal. En su momento, la administración anterior tuvo una política pública que agudizó este tipo de denuncias y problemas, y me parece que el gobierno federal tiene que redoblar esfuerzos de mucha mayor magnitud. Se habla por ejemplo de falta de registros, de falta de equipos y de falta de legislación, de ausencia de tipificación de la tortura o las debilidades en materia de tipificación de las desapariciones forzadas.
P. Los expertos independientes de Iguala coordinados por la CIDH deberán hacer también recomendaciones estructurales. ¿Cree que sus conclusiones podrán ayudar?
R. Mucho. La apuesta tiene que ver no solo con el caso Ayotzinapa, sino a que contribuya a que México despliegue las capacidades y las condiciones necesarias para evitar este tipo de fenómenos.
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