En saco roto. Allí cayeron las observaciones que la Contraloría General de la República hizo en 2007 al Gobierno sobre la manera cómo adjudicaba las divisas para importar bienes e insumos, pues siete años después de advertir que la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) carecía de mecanismos de control que le permitieran verificar el buen uso de los dólares y euros se encontró con fallas similares en otras instituciones del Estado.
La denuncia la hizo el contralor Manuel Galindo en el informe de gestión de 2014, que este mes entregó a la Asamblea Nacional y en el cual expuso las irregularidades que encontró al auditar “el proceso de solicitud y pago de divisas” que CVG Internacional y el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) pusieron en marcha para importar maquinarias para pequeñas y medianas industrias (PYMI) y para cooperativas.
El organismo reveló que a 12 PYMI, las cuales no identificó, les fueron entregadas entre 2010, 2011 y 2012, 24.243.659,52 dólares, aún cuando “no se evidenció el Certificado Nacional otorgado por Inapymi (Instituto para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria) de pequeña y mediana industria, sino el certificado de afiliación a Fedeindustria”.
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