Tanto va el cántaro a la fuente que termina por romperse. Así pasa con el discurso rayado del Gobierno y de Nicolás Maduro contra el decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, contra los funcionarios venezolanos.
El pasado diciembre, el presidente Obama firmó una ley que permitía imponer sanciones a funcionarios del Gobierno de Venezuela, acusados de haber violado los derechos de manifestantes involucrados en las olas de protesta que sacudieron al país a principios del 2014.
El 9 de marzo de 2015 Obama emitió un decreto donde declaraba que el Gobierno venezolano era una amenaza a la seguridad nacional, imponiendo sanciones a siete funcionarios. “Funcionarios de Venezuela que ahora y antes han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y se han involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos acá, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados Unidos”, dijo en aquella ocasión un portavoz de la Casa Blanca.
Pese a que las sanciones son estrictamente a los siete funcionarios venezolanos, el Gobierno de Maduro se empeña en tratar de confundir a la población y cómo no, la estrategia le ha servido con parte de la comunidad oficialista.
Tanta insistencia obligó a EEUU a emitir un comunicado, explicando que “Venezuela no representa amenaza alguna, pero que así reza el texto del formato utilizado para elaborar las órdenes ejecutivas que permiten al presidente Obama imponer sanciones a entidades extranjeras”.
Sin embargo el mensaje de Maduro y compañía cala hondo en los cimientos oficialistas. Ejemplo de ello, la respuesta de estas dos señoras a la pregunta de que hacían en la marcha que se llevó a cabo en la tarde del jueves en los alrededores del Panteón Nacional.
“Las sanciones no son para los funcionarios, son para toda Venezuela. Eso es mentira. Ellos quieren nuestras riquezas, quieren apoderarse de nosotros“, fue una de las afirmaciones de las entrevistadas.
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