El tema de la corrupción gubernamental o de los políticos, aunque es asunto permanente, enfermedad crónica que a veces empeora con gobiernos tomados por asalto por bandas de delincuentes, se ha alborotado de nuevo. En esta oportunidad han estallado simultáneamente escándalos en muchos países. Desde la lejana China, pasando por Corea del Sur y España, hasta Argentina y Brasil, la onda expansiva recorre el mundo, dejando sus estragos en cada país, siendo los más pobres los que pagan el pato al final, pues la corrupción significa una disminución de bienes sociales para las mayorías.
En nuestro hemisferio, un país como Chile, que hasta ahora tenía un récord muy bueno en la materia, ha hecho su debut también.
Obviamente, en todas partes se cuecen “guisos”, como decimos en Venezuela, pues pensar que de la corrupción de los gobernantes o funcionarios públicos algunos países pudieran estar exentos, es ser muy ingenuo o desconocedor de la historia del hombre. Aquella siempre la habrá, aquí y en donde sea, por tanto, lo que corresponde a toda sociedad es tratar de controlarla, perseguirla, sancionarla y minimizarla en la medida de lo posible, a sabiendas de que la naturaleza humana es imperfecta.
La corrupción no es un asunto exclusivo de los que están en el sector público. En el privado, igualmente, tiene lugar el fenómeno, y no me refiero en este último caso sólo a los particulares en su relación con el Estado.
El “lavado” o “blanqueo” de dinero, llamado técnicamente, legitimación de capitales, se ha colocado en la palestra pública nacional e internacional en días recientes, con ocasión de investigaciones realizadas por autoridades norteamericanas y españolas en un banco de Andorra, en la que los venezolanos, lamentablemente salimos salpicados.
Grandes sumas de dinero, procedentes o bien de los negocios gubernamentales, del tráfico de drogas o de otras actividades ilegales, están relacionadas con personas naturales y empresas de nacionalidad venezolana con vínculos gubernamentales.
Lo grave de todo esto es el entrevero perverso que tiene lugar, y en el cual jerarcas del gobierno chavista, contratistas, mafiosos y narcos convergen en operaciones de trasiego bancario, que muestran los vasos comunicantes existentes entre ellos.
Queda claro que este delito transfronterizo no puede ser combatido sólo con medidas domésticas. La eficacia en tal tarea debe contar con normas de obligatorio cumplimiento y acciones internacionales conjuntas. De allí que la cooperación operativa y judicial entre los países sea fundamental.
Para tal fin se han suscrito convenios bilaterales y multilaterales. Quienes sigan viendo este grave asunto desde los estrechos márgenes de un territorio o con concepciones soberanistas anacrónicas, no ha comprendido el mundo que vivimos, ni la incidencia global de la delincuencia.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, conocida también como Convención de Palermo, de la cual es signataria Venezuela, es un instrumento, como otros instituidos en el campo internacional, adecuado para lograr una mayor eficacia en la lucha contra las distintas manifestaciones criminales cuyo ámbito de acción es el globo terráqueo. Allí los países se comprometen a penalizar el blanqueo de dinero y la corrupción, pero también regula las materias de decomisos, extradiciones, investigaciones conjuntas, recopilación, intercambio y análisis de información, asistencia judicial recíproca, entre otros asuntos.
Vistas las revelaciones recientes en que aparecen involucrados funcionarios públicos venezolanos, cabe preguntarse si nuestras autoridades están echando mano de los mecanismos de cooperación establecidos en las regulaciones internacionales sobre la materia, o si se están haciendo la vista gorda porque los que aparecen mencionados son próceres de la revolución bolivariana.
EMILIO NOUEL V.