El Estado forajido aparece cuando la política se asocia con el narcotráfico, el crimen trasnacional y el terrorismo. Los casos investigados permiten conjeturar que son verdaderas corporaciones del mal las que manejan las cuerdas del poder en ese tipo de organización social. De hecho, el Estado forajido es una expresión jurídica en la que se resume la fusión de la política con el crimen y el terrorismo. El perfil que algunos han trazado de él demuestra que cohabita con la fechoría, promueve la intolerancia y la violencia. Sin embargo, su naturaleza ambigua a veces dificulta que sus acciones se consideren delictivas. Además, sus gobernantes han acumulado experiencia y logran enmascarar la ilegalidad de su actuar con la legalidad; mezclan lo prohibido con lo permitido y maquillan su inmoralidad, vicios y corrupción con la defensa de postulados universales como la soberanía nacional, el derecho a la auto-determinación de los pueblos y la independencia ideológica.
Los líderes del Estado forajido tienen una visión peculiar del quehacer político. Su comprensión no tiene nada que ver con la que poseen los jefes de naciones reguladas por normas mínimamente razonables. Incluso, la argumentación que ofrecen sobre la persona, el poder, la dominación, la represión y el castigo los puede separar de la que contiene el pensamiento autoritario. Lo cual se explica porque al colocar el poder del Estado al servicio de criminales y terroristas se modifica la política en sus fines, orientación y prácticas.
El dirigente del Estado forajido es un adicto a la dominación que desdibuja las fronteras morales y legales; le tiene sin cuidado que sus decisiones provoquen daño emocional, físico y material a los ciudadanos. En su proceder se pueden identificar actitudes tan similares a las que muestran los terroristas que no sería descabellado definirlas como sociopáticas.
En países dominados por un Estado forajido es ineficiente recurrir a elecciones a menos que sean el resultado de un amplio consenso popular. Pues, en esas naciones los oponentes a la élite gobernante no controlan las condiciones de votación ni pueden evitar la compra de conciencias. Por supuesto, siempre está la opción de la guerra entre nacionales para intentar derrotar a ese engendro de mil cabezas.
Sustituir la negociación política por la confrontación armada con regularidad ha sido un incentivo importante para algunos inversionistas inescrupulosos. Basta pensar que en Colombia hay quienes se oponen al programa de paz que el presidente Santos intenta concretar, aun cuando ese país tiene más de 50 años en guerra. Algunos recomiendan más batallas y menos conversaciones en Cuba. Una opinión que no extraña cuando se calcula el dinero que mueve esa pelea entre hermanos. Los estudios refieren que Colombia cada año gasta el 6% del PIB en su propia guerra. Sólo el rubro de dinamita y misiles significa una inversión anual de 150 millones de dólares. Ahora bien, la documentación que existe señalan que las guerras domesticas son usadas por los promotores del Estado forajido. Entre otras cosas porque los conflictos nacionales permiten que muy pocos se lucren, mientras la población empobrece, sufre y muere.
Por supuesto, los gobernantes del Estado forajido defienden la tesis según la cual la política es una extensión de la guerra. Ellos presumen que sus peores enemigos son los ciudadanos, en general. De allí que se dediquen a maniatar al individuo. Están conscientes de que su objetivo es penalizar y doblegar, no el buen vivir y, menos aún, potenciar los derechos y deberes que permiten que el hombre se realice como ser autónomo.
Al Estado forajido hay que desmontarlo antes de su consolidación. El caso de Siria no deja duda. Su tragedia enseña que un oportuno pacto político entre las fuerzas internas es la mejor solución; pues las instituciones de ese Estado son un engranaje que trabaja bajo la regla de la complicidad recíproca. Se cubren las espaldas; lo cual debilita la potencia renovadora de la Constitución y de los procedimientos que establece.
Alexis Alzuru
@aaalzuru