El Estado ha muerto, al menos como lo conocíamos, lo que hay hoy en Venezuela dista mucho de ser esa institución clásica que entre otras cosas tenía como competencia fundamental el monopolio de la violencia. Pero no cualquier tipo de violencia, la legítima, la que es aceptada por los ciudadanos cuando ceden su derecho de hacer justicia por sus propias manos y lo entregan al Estado a cambio de seguridad y protección. Es lo que se conoce como el pacto social, es teoría, pero que nos ayuda a entender el sentido de una institución que se distingue de cualquier otro tipo de organización social, política o delictiva.
¿Pero murió o lo mataron? Lo mataron y en el asesinato nosotros también tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Más allá de nuestra incapacidad para impedir el deterioro progresivo de la institucionalidad, nuestra culpa recae en la pérdida de identidad y arraigo, que hizo que se fuera transformando el gentilicio venezolano hasta el punto donde lo más importante es ser vivo, hacer trampa, atropellar al otro, ser arrogante y lo más grave: creer que nos las estamos comiendo. Se dejó a un lado la solidaridad, la hospitalidad, la honestidad, porque reunir todas esas virtudes es ser “pendejo” en el país de los “vivos”.
Si una sociedad arrastra una ausencia de valores tan fuerte, poco puede importarle la destrucción del Estado. Nos fuimos adaptando a cada contexto de restricción y abuso, por instinto de supervivencia, pero también para montarnos en la ola de la anarquía y sacar provecho de la destrucción, convirtiéndonos en zamuros. “Así funcionan las cosas aquí”, “Tengo un amigo allí que soluciona eso”, “No le pares que aquí no hay ley”. Los mismos cálculos que saca el ciudadano, los saca el delincuente, quien sabe que la prioridad no es combatir la criminalidad sino al “opositor apátrida”.
Entonces llegamos a un nivel donde todo el poder coercitivo se orienta solo a perseguir e intimidar al que piensa diferente, dejando con el moño suelto al hampa. Porque según algunos “genios” del gobierno perseguir a la delincuencia era volver a esquemas de la “Cuarta República” donde se arremetía contra sectores populares. Como si las mafias se encontraran solamente en los barrios, donde la mayoría de la población es trabajadora y vive bajo el terror de unos cuantos que actúan amparados bajo la impunidad.
Cuando la Fiscal General confiesa que el 99 de cada 100 delitos cometidos en el país quedan impunes no hay nada más que decir. El poder hoy lo tienen los malandros, los sicarios, los pranes, los que te cobran vacuna por trabajar honradamente y lo que te extorsionan por producir. No hay Estado, lo mataron hace tiempo, aquí gobiernan las bandas y una de ellas controla el poder político.
Brian Fincheltub
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