Las agresiones contra la universidad venezolana por parte del gobierno ha pasado de lo físico, hasta lo jurídico en los últimos 8 años, donde a través de triquiñuelas intentan debilitar la fuerza moral que significan las máximas casas de estudios del país, hoy vemos otra afrenta, esta vez de la Oficina de Planificación del Sector Universitario con la asignación arbitraria de ingresos de su parte, pasándole por encima a la voluntad de las diferentes universidades nacionales, tanto experimentales como autónomas.
En dicha asignación, la OPSU y el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología transgrede a través de tres aristas a nuestras universidades, en lo jurídico, administrativo y en lo político, significando otro episodio más de esta guerra hacia la producción del conocimiento declarada por el gobierno nacional desde el 2007.
Con conocimiento de causa sobre la situación debido a ser beneficiario del OPSU hace 5 años podemos ver como este exabrupto sobrepasa los límites de la “justicia social” a través de las siguientes tres razones:
JURIDICA:
El artículo 109 de la Constitución expone sobre la autonomía que poseen las universidades para dictar normas sobre su funcionamiento interno, no obstante la asignación arbitraria por parte de la OPSU viola lo contenido en el numeral 9 del artículo 26 de la Ley de Universidades que da la atribución a los Consejos Universitarios sobre la fijación de alumnos para el primer año.
Ya en el pasado la norma sobre asignación de alumnos para el primer año fue boicoteada por el acuerdo del año 2008 donde las Universidades Nacionales asignan a través de pruebas diagnósticas el 70% y la OPSU el 30%. Bajo un ropaje retórico de “Justicia Social” el Consejo Nacional de Universidades se extralimitó en sus funciones al dictaminar la asignación de alumnos en un 100% para Universidades Experimentales y en 70% para las Universidades Nacionales Autónomas, funciones que se limitan en el artículo 20 de la Ley de Universidades.
Dichas implicaciones obliga a que las Universidades en pro de preservar su autonomía tengan que proceder a acciones legales en contra del Ministerio, del CNU y la OPSU por la extralimitación de funciones en marco de continuar con el sitio que se le tiene al Alma Mater venezolana.
ADMINISTRATIVA:
Vemos grandes incongruencias en la construcción del nuevo Índice de Asignación por parte de la OPSU, donde el Promedio de Notas equivale a tan solo un 50%, la condición socio-económica un 30%, territorialidad 15% y trabajos de acción social un 5%, sabiendo la subjetividad del 50% que no corresponde a lo académico deja mucho que desear como ya no es tan importante el esfuerzo en cuanto al desempeño académico que puede construir un aspirante a bachiller durante 5 años sino criterios que no corresponden a la formación académica de un joven para así ingresar a los estudios superiores.
Las universidades a lo largo del país luego del cerco presupuestario que ha ido avanzando provocando una asfixia sin presentes en la historia venezolana hace que el nuevo mandato del MPPEUCT sea prácticamente imposible de ejecutarse, por el hecho de que a nivel de infraestructura y recursos humanos las casas de estudios no poseen condiciones mínimas para el albergue de un 100% más de la matricula actual, en otras palabras, no hay suficientes, aulas, laboratorios, pupitres, auditorios ni profesores para que sea exitoso el edicto gobiernero y esto es producto a sus políticas erróneas en cuanto a la educación superior se refiere.
POLÍTICO:
El nuevo sistema adaptado por la OPSU para el ingreso de estudiantes a la universidad ha demostrado ser inauditable, los elementos para la construcción del Índice de Asignación por parte de la OPSU corresponde en un 50% a criterios no académicos y a su vez los mecanismos de ingreso a las universidades como proceso social que corresponde a los estudios de pre-grado deben ser transparentes y hacer posible la verificación del resultado por parte de los usuarios, generando mucha desconfianza así debido a que no existe certeza de que haya la posibilidad de interferencia por parte del gobierno y sus amigos para el ingreso a la universidad sabiendo la destreza por parte de nuestros gobernantes de hacer negocio con las necesidades del pueblo.
Una vez más el gobierno en su afrenta por callar los espacios de democracia, pluralidad, autonomía y diversidad como los son las universidades en Venezuela emprende una nueva afrenta que tiene como banderas la discriminación, la ilegalidad, la politización, y la falta de transparencia en el ingreso hace que los universitarios sigamos en pie en defensa de nuestra Alma Mater, donde si existiese un dialogo y entendimiento con las autoridades y los sectores no existiría una afrenta constante. La amplitud debe ser una política a seguir en la construcción y la planificación para el sector universitario.
Francisco Matheus
Consejero Universitario – UCV
@FJMatheus