Se incrementa robo de celulares para reventa ilegal de los repuestos

Se incrementa robo de celulares para reventa ilegal de los repuestos

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El comisario José María Gámez, jefe de la Policía Municipal de Simón Rodríguez, indico que el delito de robo, específicamente el arrebatón de teléfonos celulares, se ha convertido en un dolor de cabeza y un reto para ese organismo. Diario El Tiempo

Explicó que entre los meses de enero y mayo de 2015, aprehendieron a 42 personas y recuperaron igual cantidad de equipos de diferentes marcas, modelos y precios.





Dijo que la cifra representa un leve incremento en comparación con 2014, aunque no precisó la cifra.

Gámez dijo que aún no han logrado comprobar que los detenidos guarden relación entre sí, pero no descartan que detrás de ellos operen bandas que se dediquen a comprar los celulares robados por montos que oscilan entre Bs 15 y 20 mil.

Según dijo, el objetivo sería la reventa ilegal de los repuestos, pues una vez que se reporta el teléfono ante las operadoras y estas lo bloquean, el terminal móvil queda inservible, pero sus accesorios tienen valor en el mercado negro.

Una parte de la mercancía sustraída es expuesta, ofertada y negociada en redes sociales.

En un análisis llevado a cabo por los funcionarios de la División de Investigación y Estrategias Preventivas, se determinó que el delito se comete entre las 6:30 y 8:00 de la mañana y de 11:00 am a 12:00 m, cerca de las paradas del transporte público y planteles.

Basados en las denuncias que reciben diariamente se concluyó que los sectores más vulnerables son Pueblo Nuevo Sur, los alrededores del mercado municipal, la plaza Bolívar, donde funciona una Zona Wifi y corredores viales.

El modus operandi conocido como “sombreo” es utilizado por las bandas que contratan a parejas de motorizados para que sometan a sus víctimas.

En algunos casos no usan armas de fuego, sino facsímiles u objetos punzopenetrantes, pero eso no implica la precaución. Por lo general se desplazaban en motos.

Las actuaciones son referidas al Ministerio Público. La pena por el delito oscila entre 5 y 8 años, y tiene beneficios de medidas cautelares.