“No se me puede seguir prohibiendo la entrada a la casa de mi vecino si éste está matando a sus hijos con un hacha”
Joseph Roth
Nunca estará de más recalcar la idea de la legitimidad que tiene todo ciudadano del mundo de pronunciarse libremente sobre la situación de los derechos humanos en cualquier país, sea hombre de a pie o político.
Es un deber moral reivindicar ese derecho inalienable, que, además, está consagrado de manera formal por la normativa internacional, y en consecuencia, garantizado en los Estados miembros de la comunidad mundial.
Por tanto, no tiene fundamento válido alguno condenar a los que desde más allá de las fronteras político-territoriales, impugnan conductas gubernamentales reñidas con los principios democráticos.
Recientemente visitó nuestro país un grupo de senadores brasileños, alarmados, y con razón, por lo que está sucediendo aquí.
La persecución reiterada por razones políticas y en violación de las más elementales garantías constitucionales, no ha podido ser ocultada más. Las evidencias golpean las conciencias de la región y el planeta. No sólo los políticos del país vecino, sino también prestigiosos e imparciales entes internacionales gubernamentales y privados han podido constatar el estado deplorable que los DDHH en Venezuela exhibe. El arduo trabajo que desde hace varios años ha realizado la oposición democrática venezolana, haciendo conocer esta gravísima situación, al fin, ha logrado cosechar frutos. Las dudas, el desconocimiento, las incomprensiones y la propaganda gubernamental que minaron esa labor difícil, afortunadamente, han sido disipadas en casi su totalidad. La mentira, como siempre, tiene las patas cortas.
Los que critican a los extranjeros, para el caso, los senadores brasileños, que vinieron a comprobar in situ en qué condiciones están las víctimas del gobierno autoritario venezolano, lo hacen echando mano del mantra demodé soberanista. Éstos, o no comprenden el mundo sin fronteras que estamos viviendo en esa materia o sólo intentan disimular su consentimiento soterrado frente a violaciones flagrantes a los derechos fundamentales que tienen lugar en nuestro país.
Obviamente, para los gobernantes tiránicos la soberanía es un resguardo bajo el cual cobijarse. Según ellos, nadie que no sea venezolano tendría derecho alguno para opinar o actuar sobre los desmanes que perpetran los que han destruido el Estado de Derecho venezolano, que lo han vaciado de sus contenidos democráticos. El que lo haga será tildado de entrometido o de cualquier cognomento denigrante.
De allí que el recurso al chantaje soberanista sea lo típico en los déspotas y sus tontos útiles, los que tienen en aquel principio anacrónico un burladero perfecto para ponerse a salvo de la mano de la justicia, que ya no es exclusivamente nacional.
Todo el que reconozca el derecho de los extranjeros a criticar las arbitrariedades del gobierno propio será convertido, automáticamente, en traidor a la patria. Como si los maltratos, torturas, detenciones ilegales, juicios amañados y en fin, los delitos de lesa humanidad en general, fueran sólo de la incumbencia de los nacionales de un país.
Los DDHH son valores universales superiores. Frente a ellos no existe, jurídica y moralmente, poder estatal o nacionalidad que los desconozca o anule sin consecuencias. En este campo tampoco caben los relativismos absurdos. La dignidad humana es una, y el respeto a ella trasciende las fronteras. La ley no escrita de Antígona, como diría André Glucksman, concede el derecho a intervenir mediante la opinión, la ayuda, las presiones políticas y diplomáticas, y en los casos muy graves, la fuerza.
Desafortunadamente, tirios y troyanos en nuestro país, siguen manteniendo una visión aldeana, desfasada, en esta materia de la soberanía, y no son pocos los que sucumben al chantaje señalado.
El filósofo Michael Walzer, a quien he citado en otra ocasión, lo ha dicho acertadamente: “los principios de independencia política e integridad territorial no son un escudo para que se refugie la barbarie”.
La presencia de los senadores brasileños en Venezuela está ajustada no sólo a los valores democráticos, también a expresas normas internacionales, las de las Naciones Unidas, la Carta Democrática Interamericana y los Protocolos de Ushuaia de Mercosur.
Enarbolar el principio soberanista en esta situación es abiertamente inmoral.
Emilio Nouel V.