España se comprometió hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, de asamblea y de protesta pacífica y a no implementar ninguna medida legislativa que pueda cercenar estos derechos.EFE
España se sometió el pasado enero al Examen Periódico Universal (EPU), la evaluación sobre el cumplimiento de los derechos humanos a la que están sometidos los 193 miembros de las Naciones Unidas.
Durante ese ejercicio, los estados miembros presentan recomendaciones al país evaluado, y hoy España informó de cuales aceptaba y de cuales rechazaba.
Concretamente, España recibió 189 recomendaciones, de las cuales aceptó totalmente 164, asumió parcialmente cinco y rechazó de plano veinte.
Entre las recomendaciones que asumió hay ocho que se refieren a la ley de Seguridad Ciudadana, que ha levantado dudas entre la sociedad civil, pero también en cinco órganos de Naciones Unidas sobre su legalidad, dado que podría restringir los derechos y libertades de los ciudadanos.
De acuerdo a la ley, la ausencia de una previa notificación de una concentración o reunión es considerada una alteración del orden público y conlleva una sanción.
Además, prohíbe el uso de imágenes o datos de autoridades públicas o de la policía en el ejercicio de sus funciones, lo que, según las ONGs y relatores especiales de la ONU, puede favorecer la impunidad de los agentes responsables de abusos.
“Espero que esta jornada no se convierta en un ejercicio de cinismo del Estado Español, al adoptar recomendaciones que indican una dirección y después legislen y apliquen la ley en sentido contrario”, indicó Aïda Guillen, que habló en el pleno en representación de la Federación Española de Asociaciones por la Defensa y la Protección de los Derechos Humanos y otras ocho organizaciones de la sociedad civil.
En sus conclusiones, la embajadora de España ante la ONU en Ginebra, Ana María Menéndez, se refirió a estas acusaciones y dijo que la ley solo pretende “proteger el desarrollo de la manifestación” pero sin alterar el orden público.
La ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, está sometida a un recurso de inconstitucionalidad.
Varias ONGs pidieron hoy que se suspenda su entrada en vigor hasta que la ley se reforme o se derogue.
España también aceptó varias recomendaciones que pedían que se respeten los derechos de los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, especialmente en Ceuta y Melilla.
Durante la evaluación, dos decenas de Estados solicitaron a España que velara porque no se llevaran a cabo “expulsiones en caliente” de inmigrantes que tratan de entrar de forma irregular en territorio español, porque ello convertiría en legal una práctica que es contraria el principio de protección internacional.
Hoy, de nuevo, el Consejo de Europa y Cáritas expresaron su preocupación porque esta práctica se mantenga y no se respeten los procedimientos legales respecto a los solicitantes de asilo.
España rechazó las tres recomendaciones que la instaban a abolir el régimen de incomunicación de presos, pero aceptó las dos que le pedían revisarlo.
A pesar de que varios países le pidieron adherirse a la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes, España rechazó la recomendación, y la embajadora respondió que ningún otro país de la Unión Europea ha firmado el tratado.
España también rechazó la recomendación de Alemania de restablecer la Justicia Universal.
Varias ONGs se refirieron también a las consecuencias de la crisis económica en el disfrute de los derechos humanos de las personas más vulnerables, que definieron de “austericidio” y recordaron, entre otras cosas que hay 2,5 millones de niños bajo la línea de la pobreza y una “emergencia habitacional”.
“Un país se define en función de como trata a las personas más vulnerables en tiempos de crisis”, afirmó la representante de Cáritas.