La reventa de los productos de primera necesidad surgió como “mecanismo” de sobrevivencia en familias de estratos más bajos. Y es que mientras haya comprador “por las razonas que sean, habrá personas que, por interés, venderán”, advierte Raima Rujano, especialista en trabajo social. La Verdad
El gobernador Francisco Arias Cárdenas reconoce que hay 20 mil personas dedicadas al “oficio ilegal” en Zulia. Este indicador prende las alarmas de la situación económica. Frenar el avance de la reventa movilizó, sin éxito, al Gobierno nacional. Tras dos años de planes de seguridad alimentaria, la venta ilícita está en los sectores populares.
La SUNDDE anunció en el año 2014 que combatiría la reventa de los productos de primera necesidad. En la Ley Orgánica del Precios Justo se establece que “será sancionado” con multa de 200 unidades tributarias a 10 mil UT y comiso de los productos quien con fines de lucro esté revendiendo.
Y desde la Presidencia de la República se ordenó actuar. En el decreto 1.348 se “prohíbe la venta o cualquier otro medio de intercambio, a través del comercio informal, ambulante o eventual, de los rubros y productos de la cesta básica, insumos, medicinas y demás bienes importados producidos en el país”. Se detalla grupos de: alimentos, materias primas, higiene personal, salud, educación, vivienda, terminador desechos sólidos e insumos.
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