“Entre las presidenciales de 2012 y abril de 2013, Venezuela cayó 33 puntos en el Índice de Percepción de Integridad Electoral, IPIE, que mide el cumplimiento de principios universales de transparencia y confianza en el sistema electoral venezolano antes, durante y después de las elecciones”, revela un estudio de las universidades de Harvard, Sidney y la UCAB de Venezuela. El IPIE mide 11 indicadores sobre integridad, transparencia y confianza que han venido bajando de forma alarmante en el país: de 55,9 en 2012 a 44,4 en 2013. Con acciones tan grotescas como la certificación de Tibisay Lucena de los supuestos millones de firmas contra el decreto Obama, y la de esta semana, de decretar inconstitucionalmente “la paridad de género”, al exigir a destiempo un mínimo de 40% de mujeres en las listas de aspirantes a la AN –mandato que no figura en la Ley Electoral, tomado después de haber realizado las primarias de la MUD y anunciado su lista de aspirantes, y antes de las primarias del PSUV– no es de extrañar que haya crecido la desconfianza en el CNE (6 de cada 10 personas desconfían del CNE, registra el IPIE) y al mismo tiempo haya crecido la intención de votar (87% asegura que votará en las parlamentarias “pase lo que pase”). La intención de voto favorable a la oposición más que duplica la registrada por el IPIE a favor del gobierno. Otro reciente sondeo del Bank of America apunta tendencia similar. La obligatoriedad de la “paridad de género” existía en la anterior Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, Lospp, pero fue derogada por el propio chavismo, después de que la mayoría de los diputados del PSUV en la AN, en el año 2009, aprobaran la Lopre. Así que las razones de la Lucena para aprobar tal decreto, justificándolo como “la reivindicación justa, histórica y necesaria de la participación política de la mujer”, se descubren como falsas e inconstitucionales. Si Lucena buscase la reivindicación de la mujer venezolana habría protestado por el viacrucis al que han sido sometidas las esposas y madres de los presos políticos y por el despojo inconstitucional de que fue víctima la diputada María Corina Machado, la más votada de la hoy agónica AN; por las indignantes colas de millones de mujeres tratando de obtener los inconseguibles alimentos para su familia; el dolor de millones de madres por el impune asesinato de sus hijos a manos del hampa protegida con armas de guerra más sofisticadas que las pistolitas de los policías, y así hasta el infinito.
El cinismo está a la vista. Con su negativa a que haya observación calificada de la OEA y UE, Tibisay dice que existe una campaña de desprestigio contra el CNE que se ejecuta desde las redes sociales (las únicas aún libres, pues la mayoría de los medios están censurados y/o controlados por el gobierno). Añade que: “Uno no entiende cómo en las redes sociales se neurotiza a la población, se disocia y se aliena a la población”. (¿Será que Tibi no oye las cadenas de Maduro?). “El CNE –afirma con desfachatez– no cambió las circunscripciones electorales, solo hubo variaciones en los movimientos internos de la población”. Esas “variaciones” fueron hechas por el INE, otro organismo tan confiscado por el gobierno como el CNE: “Las proyecciones que sobre la población entregó el INE al CNE generan cambios en el panorama electoral favorables al oficialismo, que podría obtener bajo esta trampa 4 diputados más” (Expediente El Universal e informe de Súmate).
La oposición, además de luchar contra trampas sobrevenidas como la falsa “paridad de género”, debe emprender ahora una incansable lucha para tener en las parlamentarias a observadores internacionales que frenen la fraudulenta actividad de Tibisay y del gobierno, antes, durante e inmediatamente después de la elección. La MUD debe intensificar el apoyo internacional recibido hasta ahora, para que se materialice la oferta de la OEA y de la UE de ser observadores calificados en las parlamentarias, y se acabe con los “acompañantes” que han permitido el obsceno ventajismo oficial en procesos anteriores. Mudez de Lucena sobre la solicitud del rector Rondón de que las elecciones al Parlatino se realicen también el 6-D.
El IPIE y la UCAB sostienen que aunque “el ciudadano siente que todo el tempo está vigilado”, los mecanismos para generar temor o duda en el voto parecen no estar funcionando y advierten que “no encarar públicamente al CNE sobre las condiciones electorales injustas puede ser un grave error de la oposición, porque la gente no se desmotiva ante los abusos, sino que, por el contrario, considera el voto como el último recurso para combatirlos”. Tema de un próximo artículo.