El segundo día del examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por el Estado venezolano, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, no fue diferente al primero: los expertos hicieron incisivas preguntas, observaciones y reflexiones sobre la situación del país, y la delegación oficial respondió con maña, ironía y afirmaciones reñidas con la verdad.
El presidente del Comité, el argentino Fabián Salvioli, tuvo que recordarle a la delegación oficial que debía respetar a sus interlocutores: “El Comité es completamente independiente. Sus miembros se expresan de la misma manera en todos los exámenes con todos los Estados. Quizás, como el Estado venezolano tenía 15 años sin venir, olvidó la dinámica del diálogo. Hay que respetar al Comité”.
Los expertos independientes pidieron precisiones sobre obligatoriedad del registro militar, instrucción premilitar en las cárceles, discrecionalidad del Ejecutivo para suspender las transmisiones de los medios y decidir qué es información verdadera, agresiones de militares contra pueblos indígenas, ataque a periodistas y acoso a líderes sindicales, entre otros asuntos.
¿Qué pasa con los 22? El experto israelí Yuval Shanny, preguntó a la delegación encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, sobre la medida cautelar que afecta a los directivos de 3 medios de comunicación.
“Quiero información sobre la prohibición de salida del país de 22 editores de medios de comunicación”, dijo Shanny al comienzo de la jornada, que duró casi 5 horas. Ortega y las magistradas Carmen Zuleta y Marjorie Calderón, guardaron silencio. “Vamos a responder todas las preguntas, pero muchas las haremos por escrito”, dijo más tarde la titular del Ministerio Público en relación con la cantidad de interrogantes que no fueron aclaradas.
El comisionado costarricense, Víctor Rodríguez-Rescia, hizo una propuesta que tampoco recibió respuesta: “Pedimos al Estado que las relatorías de la ONU sean invitadas para trabajar y fortalecer temas como el acceso a la información. Que se invite al alto comisionado”.
El martillo. Los expertos pidieron el cese de la persecución a los defensores de derechos humanos y citaron los casos de Rodrigo Diamanti, Humberto Prado y Marianela Sánchez.
El británico Nigen Rodley se refirió a las expresiones utilizadas por Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando: “El presidente de la Asamblea Nacional se llama ‘el martillo’ (sic) en su programa. Esto no corresponde a un cargo de ese nivel. En su programa suele atacar a las personas que acuden a los organismos internacionales”.
Yuval Shanny se adhirió al señalamiento de su colega: “Nos preocupa el lenguaje de las autoridades. Quiero que me hablen de la retórica tan recia que hay en algunos funcionarios, en particular del presidente de la Asamblea Nacional. ¿Podría ser causa de algunas agresiones?”. Ningún miembro de la delegación respondió a estas dudas.
Falsedades y mentiras. La delegación estatal contó con varios voceros. El director de Conatel, William Castillo, se refirió a la libertad de expresión, no sin antes acusar a los miembros del Comité de basar sus preguntas en “falsedades y mentiras”.
“En Venezuela no hay censura, sino responsabilidad ulterior. En 11 años ha habido 26 procedimientos y solo uno fue multado. En 2014 se bloqueó NTN24 porque intervenía en la soberanía, pero no hay una política de Estado para el bloqueo de Internet. En febrero de 2014 se propagó que el Estado bloqueó Internet, pero se demostró que grupos violentos cortaron la fibra óptica en el Táchira y eso afectó el servicio. Hemos bloqueado 924 enlaces diferentes al portal Dólar Today porque promueve magnicidio”, dijo Castillo.
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