La detención de la Jueza María Lourdes Afiuni en diciembre de 2009 ha sido abordada por parte de Amnistía Internacional mediante diferentes comunicados públicos, llamados a las autoridades y llamados a la acción a activistas en todo el mundo. Amnistía Internacional considera el caso como una indebida interferencia política que vulnera los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia del Poder Judicial, adoptados en 1985, y que determinan que los jueces resolverán los asuntos sin presiones ni amenazas.
Acusada de “corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir”, la detención de la Jueza Afiuni se produjo a consecuencia y horas después de haber ella emitido una orden de libertad condicional a favor del banquero Eligio Cedeño; sin embargo Amnistía Internacional manifestó que la decisión de la jueza se encontraba dentro de su competencia y se ajustaba a las leyes venezolanas que establecen que nadie puede estar detenido a la espera de juicio más de dos años, que era el caso de Cedeño, quien se encontraba detenido a la espera de juicio desde hacía dos años y diez meses. Además, la Jueza estaba dando cumplimiento a un dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, es decir que básicamente no habría podido decidir ninguna otra cosa.
La jueza Afiuni fue recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, Estado de Miranda, una prisión para mujeres privadas de su libertad por toda clase de delitos. Su defensa apeló varias veces la decisión de mantenerla en prisión a la espera de juicio pero las apelaciones fueron denegadas.
Hugo Chávez exige al poder judicial “dureza” contra Afiuni
El Presidente Hugo Chávez realizó al día siguiente las siguientes declaraciones: “Bueno, está presa y yo exijo dureza contra esa jueza incluso le dije a la presidenta del Tribunal Suprema de Justicia [Luisa Estela Morales]… y así lo digo a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho, mucho más grave un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo… habrá que meterle pena máxima…treinta años de prisión pido yo, por la dignidad del país”. “Yo pido que se le aplique todo el peso de la ley…yo pido pena máxima para jueces que se presten a vagabunderías como esta… y no en una oficina por ahí, donde debe estar es en una prisión”.
Amnistía Internacional manifestó entonces su preocupación por los efectos que este caso pudiera tener en la disposición de los jueces y juezas de Venezuela a extender a todas las categorías de procesados, los beneficios y salvaguardas contempladas en la constitución y las leyes de Venezuela, así como en los convenios internacionales de los cuales Venezuela es parte, afectando la realización de los derechos humanos de la población y la capacidad de los procesados, víctimas y familiares de posibles abusos a los derechos humanos, de obtener justicia y reparación bajo claras normativas preestablecidas.
Condiciones de reclusión no adecuadas
A Amnistía Internacional también declaró que la encarcelación preventiva de la jueza Afiuni en instalaciones en las que se encuentran reas que habían sido condenadas por ella, ponían a la magistrada en situación de riesgo, y constituían un castigo cruel, inhumano y degradante.
Amnistía Internacional en consecuencia solicitó desde entonces a las autoridades venezolanas liberar a la jueza Afiuni y asegurar de forma inequívoca y públicamente su respeto a la labor de los operadores de justicia y su compromiso a respetar y garantizar la independencia del poder judicial.
En febrero de 2011, Afiuni fue puesta en arresto domiciliario por padecer varios problemas graves de salud que requerían de atención médica urgente de tipo ginecológico y oncológico. Amnistía Internacional saludó la medida pero insistía en que su detención, así fuese domiciliaria, seguía siendo arbitraria. También manifestó que durante su estancia en el centro de reclusión para mujeres de los Teques en más de una ocasión se le habría negado acceso a atención médica adecuada.
Afiuni permaneció encarcelada durante un año y dos meses. Amnistía Internacional explicó que las condiciones bajo las cuales la jueza estuvo en prisión eran preocupantes y no contaba con las condiciones de seguridad debidas de clasificación penitenciaria.
Situación actual: libertad condicional es insuficiente
El 14 de junio la titular del Tribunal 17 de Juicio de Caracas, Marilda Ríos, otorgó la libertad condicional a Afiuni. Desde entonces Afiuni debe presentarse frecuentemente ante el Tribunal, no puede salir del país, ni hablar sobre el caso a los medios de comunicación sean nacionales o internacionales, ni tampoco escribir en redes sociales. El proceso contra ella sigue abierto.
Amnistía Internacional declaró que la decisión de otorgar la libertad condicional a la jueza era una buena noticia, pero que la medida era claramente insuficiente. “Más de tres años después de haber sido detenida no se han presentado pruebas fehacientes en contra de la jueza Afiuni. Exigimos una vez más que le sean retirados los cargos que pesan contra ella”, dijo Guadalupe Marengo entonces, directora del programa de América de Amnistía Internacional quien agregó: “Las medidas cautelares que acompañan a la concesión de libertad condicional son preocupantes, pues representan serias limitaciones a su libertad de expresión y de movimiento”.
Las posiciones de Amnistía sobre este caso no han variado desde entonces.