Un tribunal venezolano formalizó hoy la prisión de dos implicados en el secuestro y asesinato del agricultor español Jaime Contreras Cortegoso y sus empleados venezolanos Yorman Acosta y Ángel Seijas, cuyos cuerpos fueron hallados hace tres días.
El empresario de 68 años, originario de la región española de Galicia y afincado en Venezuela, fue retenido el 3 de junio junto a sus dos empleados en la granja de su propiedad, en Aragua, en cuyos alrededores fue detenido el jueves pasado Pereira Bernal.
Según el relato de la Fiscalía, Pereira Bernal confesó dónde habían sido enterrados los tres secuestrados y delató a otros implicados en el hecho, tres de las cuales murieron acribillados por agentes policiales que aseguraron que encontraron resistencia armada a su operación de captura.
“Durante el procedimiento, en el que resultó aprehendida Rodríguez Gamarra, fueron hallados los cuerpos sin vida del agricultor junto a sus empleados”, en una zona montañosa próxima a la finca del agricultor español, añadió la Fiscalía.
Las cámaras de seguridad de la granja avícola registraron imágenes de los captores, que iban enmascarados, según explicó a Efe el cuñado del secuestrado, Manuel Ribeiro, hace poco más de una semana.
Su hermana, Marcelina Carrera, y su cuñado, que residen cerca de Pontevedra, en Galicia, en el noroeste de España, de donde es originario Jaime, explicaron a Efe que los familiares que aún convivían con él en Venezuela pagaron a los captores una cantidad de dinero que no especificaron, cercana a la que le pedían, y desde entonces no volvieron a tener noticias.
Manuel Ribeiro y Marcelina Carrera regresaron el año pasado de Venezuela, donde habían emigrado a mediados del siglo pasado, entre otros motivos por la “seguridad muy mala” que según el cuñado del secuestrado existe en el país caribeño.
La inseguridad ciudadana figura en todas las encuestas como uno de los principales problemas de Venezuela, país que ostenta una tasa de homicidios de entre 39 y 79 personas por cada 100.000 habitantes, según cálculos del Gobierno y de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), respectivamente. EFE