La diputada al Consejo Legislativa del estado Aragua (Clea), Betsy Bustos instó este viernes al Contralor General de la República Manuel Galindo, a inhabilitar y sancionar a aquellos funcionarios públicos que han desfalcado a la nación y que andan por el mundo disfrutando de las riquezas obtenidas ilícitamente a través de hechos de corrupción.
Bustos criticó la inhabilitación para optar a cargos de elección popular dictada por la Contraloría General de la República contra los ex alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano y la diputada María Corina Machado y calificó la medida como un “pase de factura” del gobierno contra líderes de la alternativa democrática. Estas se suman a medidas tomadas con anterioridad contra dirigentes opositores como los parlamentarios Richard Mardo y María Aranguren, a quienes se les allanó su inmunidad parlamentaria.
“En Venezuela pensar distinto al partido de gobierno quedó prácticamente tipificado como un delito. Primero Chávez y ahora Maduro y sus enchufados, han venido utilizando los poderes públicos, que deberían ser autónomos e independientes para sancionar, juzgar e inhabilitar a quienes estamos luchando por un país de oportunidades para todos por igual”.
La dirigente regional de Primero Justicia en el estado Aragua recomendó a Galindo revisar los expedientes que reposan en su despacho con indicios y pruebas que involucran a funcionarios públicos en ejercicio en presuntos hechos de corrupción administrativa.
“La mal llamada revolución bolivariana tiene en su haber los peores casos de corrupción cometidos en nuestra historia. A Venezuela han ingresado por concepto del boom petrolero más de 1 billón de dólares en 16 años. Se dice rápido, pero saben ¿cuánto son 1 mil millones de millones de dólares y todo lo que se pudo hacer con esos recursos?”, se preguntó.
Casos y más casos
Bustos exigió al Contralor General investigar, por ejemplo, la gestión de Manuel Barroso al frente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) desde el desde el 7 de junio de 2006 hasta el 26 de marzo de 2013.
“El ex ministro Jorge Giordani denunció públicamente que a través de Cadivi fueron desfalcados 25 mil millones de dólares y hasta la fecha no sabemos cuántas empresas de maletín están involucradas en este robo y muchos menos las personas que están detrás de ello ¿Acaso el coronel Barroso no es responsable? No solamente hubo ineficiencia e ineficacia sino una absoluta apatía ante la sustracción de dólares de las arcas públicas ¿Acaso no existían controles posteriores? ¿Qué pasó con la Contraloría Social de la que tanto habló Chávez y hoy esgrime Maduro?”.
La diputada regional también mencionó otros ejemplos como el caso de los depósitos en el banco HSBC y en la Banca de Andorra. “Organismos internacionales vienen haciendo averiguaciones que tienen que ver con la legitimación de capitales y el blanqueo de dinero y en las cuales han salido a la luz pública nombres de funcionarios públicos venezolanos”.
En el caso del HSBC, la denominada “Lista Falciani” dio cuenta de que Venezuela ocupa el tercer lugar como país con clientes que han depositado mayor cantidad de dinero (14 mil 800 millones de dólares). Allí hay depósitos de 1 mil 138 venezolanos, entre ellos algunos boliburgueses.
En cuanto a la Banca de Andorra, Bustos pidió al Contralor meter la lupa porque se habla de que se habrían hecho depósitos por el orden de los 4 mil 200 millones de dólares del erario público. “Ya nuestros justicieros Julio Montoya, Ismael García, Alfonso Marquina y Fernando Peña, acudieron a la Fiscalía General de la República a solicitar una investigación de los casos en los bancos andorrano y español”.
De acuerdo con lo denunciado por Montoya en marzo de este año, “la mayoría de estos 4 mil 200 millones de dólares vienen de Cadivi y del aparato de asignación de dólares preferenciales. Ya están apareciendo los dólares robados de Cadivi. Se los llevaron ministros, exministros, intermediarios”.
La Banca Privada de Andorra fue intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una investigación en Estados Unidos por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico. En la investigación se menciona, entre otros, al empresario venezolano Diego Salazar, primo del expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, quien supuestamente tendría en la BPA casi 200 millones de dólares.
Bustos recomendó al Contralor Galindo reunirse con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera para que indague cómo salieron esos recursos desde Venezuela. “No puede ser el que el CGR diga que a María Corina Machado la inhabilitaron porque en su Declaración Jurada de Patrimonio no enteró los cestatickets. Eso es totalmente absurdo. Muchos de esos funcionarios no solamente deberían ser inhabilitados sino juzgados, enjuiciados y presos por el daño cometido contra la República. Estas son medidas típicas de un gobierno autocrático que además se sabe perdido en las elecciones parlamentarias del #6D”, concluyó.