La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) emitió hoy un comunicado en el que asegura que los tribunales en Ecuador “retrasan indebidamente las apelaciones de manifestantes” que están en prisión esperando que se revisen sus condenas según la nueva legislación.
La organización, con sede en Nueva York, ha revisado varios casos y considera que no se está aplicando debidamente el Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigor en agosto de 2014 para evitar las condenas desproporcionadas a manifestantes opositores del Gobierno con cargos de terrorismo y sabotaje.
El nuevo código, además de definir más precisamente estos dos últimos términos, establece que los jueces deberían aplicar la “ley posterior más benigna”, aun sin necesidad de petición de parte interesada, e incluso si en el momento en que se dictó la condena se encontraba vigente una ley distinta.
Sin embargo, HRW ha estado estudiando varios casos que, según dice, demuestran que las revisiones de estos casos siguen demorándose.
La organización pone el ejemplo de “Los 10 de Luluncoto”, un grupo de personas condenadas en febrero de 2013 por tentativa de terrorismo, cuando las únicas pruebas contra ellos consistían en artículos personales inofensivos, como libros, camisetas y música, hallados en sus domicilios, según HRW.
Su caso, 18 meses después de la apelación, sigue encallado en los tribunales.
Por otro lado, María Alejandra Cevallos, una estudiante que fue condenada a cuatro años de prisión por sabotaje tras pedir en la televisión Ecuador TV al presidente Rafael Correa que tomara en cuenta a los ciudadanos disconformes con el Gobierno, lleva 11 meses esperando la apelación, señala el comunicado.
También menciona los casos de Pepe Acacho, líder indígena shuar que fue sentenciado a 12 años de prisión por haber utilizado la radio para incitar a manifestaciones con lanzas y botellas llenas de veneno, y Mery Zamora, una profesora que cumple pena de 8 años por incitar a sus alumnos a participar en una protesta en 2010.
“No hay dudas de que si alguien comete un delito durante una protesta, debería ser investigado”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Pero es inadmisible que no se concedan audiencias para revocar condenas por terrorismo o sabotaje impuestas a críticos del Gobierno y a manifestantes pacíficos incluso cuando el derecho ecuatoriano ha sido reformado para evitar este tipo de abusos del sistema judicial”, concluyó. EFE