La justicia chilena ordenó este lunes la detención de otros cinco exmilitares por el asesinato de un fotógrafo y herir gravemente a una estudiante al prenderlos fuego vivos luego de una protesta contra Augusto Pinochet en 1986, reseña AFP.
La orden de detención, que involucra a exoficiales y suboficiales del Ejército chileno, fue emitida por el juez Mario Carroza, quien “despachó este lunes otras cinco órdenes de detención”, informó a la AFP un portavoz del Poder Judicial.
Desde que se emitió la orden, cuatro de ellos fueron detenidos y eran interrogados por el juez Carroza.
Los nuevos militares apresados se suman a otros siete que fueron arrestados y procesados como autores y cómplices de homicidio el viernes pasado, en un vuelco en un caso que se mantenía hasta ahora en la impunidad.
Considerado uno de los crímenes más horrendos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el caso sólo logró avanzar judicialmente después de la confesión de uno de los conscriptos que participó del hecho y narró ante el juez lo que ocurrió el 2 de julio de 1986.
En medio de una extensa jornada de protesta contra el régimen, el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, de 19 años, y la entonces estudiante de ingeniería, Carmen Gloria Quintana, de 18, fueron detenidos por tres patrullas militares.
Después de haber sido golpeados y reducidos en el suelo, ambos fueron rociados con gasolina y se les prendió fuego. Los dos jóvenes fueron abandonados, gravemente heridos, en las afueras de Santiago.
Rodrigo Rojas, que había regresado hacía poco a Chile tras vivir en Estados Unidos con su madre exiliada por la dictadura, murió después de cuatro días de agonía. Carmen Gloria, quien actualmente vive en Canadá, se recuperó tras resultar con más del 60% del cuerpo quemado.
– “Basta de silencio” –
Si bien Carmen Gloria vivió para entregar su relato, la justicia nunca había podido acreditar la participación concertada de los militares, por un supuesto “pacto de silencio” elaborado para ocultar los verdaderos hechos, afirmando en cambio que ambos jóvenes se habían quemado por el estallido de una bomba incendiaria que portaban.
“El Ejército tiene mucha información que no ha entregado y tiene una deuda con el Estado. Es el momento de asumir su responsabilidad como institución”, dijo Carmen Gloria Quintana, entrevistada por la televisora Chilevisión, la noche del domingo.
“Yo quiero justicia, nada más y nada menos que justicia. Condenar a las personas que fueron los autores materiales y a los intelectuales”, agregó.
A su llamado, se sumó este lunes el de la presidenta Michelle Bachelet, torturada por la dictadura y cuyo padre murió en 1974 víctima de las golpizas propinadas por agentes del régimen de Pinochet.
“Hay personas que saben la verdad de muchos casos que permanecen sin resolver y Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzmán y que ayuden a reparar tanto dolor”, dijo Bachelet en un acto público.
“Así como en septiembre de 2014 dije que era necesario que quienes tuvieran información sobre las violaciones a los derechos humanos, civiles o militares, la entregaran antes de que fuera demasiado tarde, hoy quiero reiterar ese llamado a quienes tengan información, porque basta de silencio”, agregó la mandataria.
Los nuevos militares aprehendidos corresponden a otra de las patrullas militares que participaron de la detención de los jóvenes, comandada por el capitán retirado del Ejército Pedro Fernández Dittus, quien en la década de los noventa había sido condenado por este caso pero por negligencia.
Junto con él, fueron detenidos Leonardo Riquelme, Juan González y Walter Lara. El exconscripto Pedro Franco aún no ha sido arrestado.
En tanto, el viernes fueron procesados como autores los exoficiales en retiro Julio Castañer, sindicado como quien prendió fuego a los jóvenes, e Iván Figueroa, y los exsubooficiales en retiro Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Nelson Medina y Jorge Astengo, mientras que Sergio Hernández fue acusado como cómplice.