William Anseume: Libertad de los presos políticos y resarcimiento de lo causado

Los presos deberían estar “justamente” en esa situación por el hecho de haber cometido un delito comprobado; no por su sospecha; debido a que pudiera resultar inocente de las acusaciones que se le carguen. En nuestro país se ha dado, con mucho énfasis en estos dos últimos años, una ilegítima privación de libertad de muchos ciudadanos que padecieron o están padeciendo las dudas sobre sus actuaciones y la legalidad de ellas. Son aprehendidos y maltratados, cuando ya la aprehensión resulta maltrato, pero deriva en torturas, tratos crueles e inhumanos, por sospechas sobre su conducta: no se presume, de antemano, su inocencia, como garantizan las leyes. Tal vez así haya ocurrido antes en el país y ocurrirá de igual modo en otros países en algunos casos que se escurren. El hecho es que en Venezuela, ahora, se ha convertido la prisión, los allanamientos, las torturas y los malos tratos en recurrentes y sistemáticos. Es un modo de aplicar la violencia, especialmente política, el uso desmedido del poder contra los adversarios políticos, indudablemente. También ocurrirá ese uso desmedido de la fuerza policial y del poder en casos de presos y muertos, de delincuentes comunes y de inocentes comunes, especialmente en las razias que actualmente se ejecutan, tipo Cota 905, caiga quien caiga sin “derecho” ni pataleo.

Lo que ocurre se pudiera denominar una encapotada supresión de garantías constitucionales. O, en palabras más sencillas, la dictadura hace lo que quiere con los individuos con la pura finalidad de preservarse en el poder y sostener el control político a la fuerza, impidiendo, mediante diversos mecanismos perversos, la diatriba política más sana, ese medirse en igualdad de condiciones en los comicios que finalmente anticiparán la salida de este embrollado asunto traumático.

Ahora le otorgan medidas especiales a Daniel Ceballos y al General Baduel y otros presos políticos, lo cual no significa que están en libertad sino que se les condiciona la vida, es una prisión con alguito de soltura. El régimen les teme. Teme su accionar. Teme que digan las verdades a la gente y, en algunos casos, teme el reconocimiento público y político a sus adversarios. Teme que le socaven poder, como ocurrirá, como ya ha ocurrido.

Y como respuesta a ese legítimo temor, el gobierno usa la violencia, las armas y el control de los tribunales y jueces de pacotilla, vendidos, comprados, arrastrados a quienes contralan, desde Miraflores y la Asamblea, la armas, los cuarteles y mucho del poderío económico que les dan el petróleo y los empréstitos chinos.

Así, les resbala plenamente la Constitución y la legalidad, defecan en el “estado de derecho”. El artículo 26 de la máxima carta legal en Venezuela señala que: “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Y este apartado no se cumple en nada actualmente en nuestro país. ¿Cuánto cuesta que haya siquiera la presentación preliminar de un reo? Algunos pasan años en la espera de esa acción sin ver la luz del sol. De ningún modo nuestra justicia es autónoma, ya lo sabemos, y pare de contar.
¿Y qué ocurre cuando el Estado ha privado ilegítimamente de libertad a alguien por varios años, por varios días, después de torturarlo y humillarlo y, de pronto, se da cuenta, ¡oh justicia divina!, que es inocente y estuvo injustamente “retenido”? ¿Cómo se pagan las detenciones injustas, las torturas, los tratos crueles e inhumanos de las inhumanas cárceles venezolanas a pesar de tener una pelúa ministra supuestamente encargada de adecentarlas? ¿El dinero paga esos “excesos” lamentables y resarce los “daños causados? ¿Cuánto dinero se necesita para la extirpación de ese cáncer enquistado en la mente y el cuerpo individual y colectivo?
Tampoco aquí se cumple la Constitución: “Artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios”.

Urge devolver las garantías constitucionales. Urge un manejo del poder más civilizado y menos militarizado desde la Asamblea. Urge, urge un cambio de mando, por el bienestar de todos.

wanseume@usb.ve